"Yo no meto las manos en el fuego por nada porque me parece que siempre puede haber, incluso en los pequeños detalles, cosas que uno no conoce. Sin embargo, tengo la confianza de que se ha actuado bien en el caso de la punta norte".
De esa manera, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, descartó este viernes la existencia de irregularidades en el proyecto de diseño y construcción del último tramo de la nueva carretera a San Carlos, conocido como la punta norte.
El Conavi elevó el costo de esa obra de 6,9 kilómetros de ¢7.700 millones a ¢20.600 millones. Ordenó ampliar el proyecto a cuatro carriles sin tener un estudio de flujo vehicular que lo justificara, sin modificar el contrato, sin saber cuánto costarían los cambios y sin tener certeza de dónde vendría el dinero.
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Solís considera que no hay nada anómalo en esos hechos. Él estima que se siguieron los procedimientos establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financió el costo original de ese tramo (¢7.700 millones) y que no se puso a que se gastaran los ¢13.000 millones restantes porque estos saldrían del Gobierno central, no del crédito internacional.
La Nación publicó este martes que, solo tres meses después de dar la orden de inicio al proyecto, el Conavi aceptó modificar el diseño para ampliar la vía a cuatro carriles, a solicitud de la constructora Apca-Ceinsa-Tragsatec y de una asociación de vecinos de la zona.
Sin saber cuánto costaría el cambio, el Gobierno ordenó construir según el nuevo diseño hasta que se acabaron los ¢7.700 millones que financió el BID. Y, cuando la constructora puso la factura sobre la mesa, esta triplicó el monto del contrato original.
"Con el BID se siguieron todos los procedimientos y ahí están las aclaraciones al respecto dadas por el ministro de Transportes (Gérman Valverde, a La Nación el martes)", declaró el mandatario.
Y agregó: "Creo que es una obra esencial para esa carrera, fundamental para la conectividad y transporte de la gente de estas comunidades y sectores productivos y creo que, por lo tanto, que si el BID autorizó en los términos que la autorizó y va en tiempo, es una obra que continuará teniendo el apoyo de la administración".
En el 2013, la Contraloría General de la República emitió un criterio según el cual los contratos de obra financiados por el BID, con un préstamo de $850 millones para infraestructura vial —como es el caso de la punta norte—, no requieren de su refrendo, pues se rigen por las normas de esa entidad financiera.
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Luego de que el Conavi acordó que financiaría el resto de la obra con recursos propios y no del BID, tampoco acudió a la Contraloría para solicitar autorización a fin de encargar las labores al consorcio español Apca-Ceinsa-Tragsatec.
Solís añadió que el proyecto no se detendrá y que estará listo antes de que concluya su mandato, en mayo del próximo año.
La punta norte incluye una vía a cuatro carriles que comunica a la Abundancia con Florencia en San Carlos y radial de dos carriles hacia Ciudad Quesada. En total toda la obra suma 6,9 kilómetros.
Diputados de cuatro bancadas calificaron de "chambonada" lo ocurrido en esa obra y anunciaron la apertura de una investigación en la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, para sentar responsabilidades.
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