Luis Guillermo Solís reitera compromiso con el 10% de ingresos a los municipios

“Un Gobierno comprometido con el desarrollo municipal”. Con esta frase, el presidente Luis Guillermo Solís renovó sus votos con el sector municipal, así como su compromiso de impulsar las leyes necesarias para trasladarles a los ayuntamientos el 10% de los ingresos anuales del Gobierno Central.

Solís habló ayer luego de la reunión semanal del gabinete y reiteró su interés de impulsar los planes de ley requeridos para cumplir con la reforma constitucional al artículo 170, aprobada desde el 2001, la cual establece la obligación del Ejecutivo de girar competencias y recursos a las municipalidades.

El mandatario manifestó que la gestión local “puede y debe fortalecerse y hay un compromiso que este Gobierno se toma en serio”.

Aun así, el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, alertó sobre un eventual descalabro financiero si la implementación de la reforma no se hace de forma adecuada, según declaraciones a La Nación .

Sobre este punto, Solís indicó que es un proceso paulatino que no provocaría una crisis fiscal si se hace de forma escalonada.

Reclamo. El presidente cuestionó las dudas que han surgido en el sector municipal, luego de que el vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI), Gilberto Monge, aceptara que el monto del 10% que se les debería transferir es excesivo.

“Ahora resulta que, los que durante 15 años han estado pidiendo que les transfiramos el 10% (de los ingresos del Gobierno), ahora, por arte de magia, dicen que ya no lo quieren porque no pueden administrarlo. Ah... qué interesante, ahora que sí hay una propuesta”, expresó el gobernante.

Para cumplir la reforma, el Ejecutivo aplica una ley aprobada en el 2010 que establece las pautas para alcanzar ese 10%, que hoy representaría más de ¢400.000 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.

Esa ley exige del Congreso la aprobación de siete leyes especiales, de manera que cada una traslade un 1,5% de los ingresos anuales del Ejecutivo a los municipios, lo que también acarrearía el traspaso de una serie de competencias, hoy en manos del Gobierno Central, para que sean asumidas por las municipalidades.

Detalles. La primera de esas leyes avanza en la Asamblea Legislativa gracias al impulso de un fuerte sector municipalista con representantes de todos los partidos.

El plan tiene el expediente 18.001 y, si bien fue presentado durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), su texto actual es producto del trabajo del Ministerio de Planificación y de un equipo interinstitucional, con representación del Poder Ejecutivo y de las alcaldías.

Ese proyecto propone que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deje en manos de los municipios la ejecución de programas de mantenimiento de la red vial cantonal mediante una reforma a la Ley N.° 8.114, más conocida como la ley del impuesto a la gasolina.

Un primer giro de 1,5% representaría un traslado de recursos por ¢65.000 millones que, según la jerarca del Planificación, Olga Marta Sánchez, estarían incluidos en el presupuesto para el próximo año.

Sánchez es otra que defiende esa iniciativa a capa y espada, a pesar de que desconoce qué sectores o planes quedarían desfinanciados al quitar el 15% que sería trasladado a los municipios por la ley 8.114.

Sobre este tema, Solís dijo, ayer martes, que el impuesto a los combustibles debe dedicarse precisamente al mantenimiento vial y confía en que el traslado de esta competencia a los municipios se realice de forma exitosa.