Por: Esteban Mata Blanco 21 octubre, 2014

El presidente, Luis Guillermo Solís, afirmó esta mañana que el Gobierno no permitirá que una huelga de sindicalistas, en Japdeva, afecte la operación de los puertos de Limón y la vida diaria en la provincia del Caribe.

luis guillermo solis
luis guillermo solis

"Esperamos que resulte innecesario tener que sufrir una huelga que no conviene ni al país ni a Limón, pero sí estamos en posibilidad de asegurar que no permitiremos que una actividad de este tipo impida el normal desarrollo de las actividades del puerto y de la comunidad. Una huelga puede afectar a una comunidad que no quiere violencia si no trabajo", aseveró el mandatario tras la sesión del Consejo de Gobierno, este martes, en Casa Presidencial.

Solís anunció que ya "se han tomadio medidas" para asegurar que el movimento del Sindicato de Japdeva (Sintrajap) no tendrá efectos negativos para la población, como en el tránsito o en las actividades portuarias. El mandatario insistió en que se debe respetar tanto el proceso legal en curso como el Estado de derecho. Alega que su Gobierno está comprometido con desarrollar la economía de un Limón marginado.

El lunes, los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) llamaron a huelga molestos por el apoyo de Solís a la construcción de un megapuerto en Moín, a cargo de la empresa APM Terminals. Lo anunciaron acuerpados por los diputados del Frente Amplio y por la legisladora Carmen Quesada, del Movimiento Libertario.

Sintrajap reclama el hecho de que el contrato para que APM Terminals construya la obra, mediante una concesión de 33 años, le otorgue a la compañía holandesa la exclusividad en la operación de carga y descarga de contenedores en una nueva terminal en Moín.

La huelga la anunciaron poco más de una semana después de que la Sala I rechazara un recurso de casación de Sintrajap en contra del proyecto de concesión y le diera luz verde a la obra. Los magistrados avalaron la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de agosto de 2012, según el cual no existía ningún vicio en el contrato.