El presidente, Luis Guillermo Solís, afirmó esta mañana que su Gobierno abrió un diálogo con los huelguistas del Sindicato de Japdeva (Sintrajap), pero no una negociación sobre el futuro de la concesión que permitirá a la empresa APM Terminals construir y operar, por 33 años, un nuevo puerto para la carga y descarga de contenedores en Moín.
"No es una negociación, es una conversación", dijo Solís en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en Coronado.
El mandatario relató que el miércoles, a altas horas de la noche, recibió una llamada del presidente legislativo, Henry Mora, quien le informó que los sindicalistas de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) querían reunirse con autoridades del Gobierno.
Los dirigentes gremiales querían hablar sobre la cláusula del contrato que ellos exponen como principal motivo de la huelga: el hecho de que el muelle de APM Terminals tendría exclusividad en la atención de barcos portacontenedores, en el complejo portuario de Limón.
"Aclaré, de inmediato, que sobre eso no habría cambio de parte del Gobierno, pero que podíamos hablar sobre todo lo demás, sobre lo que hemos venido hablando en los últimos meses", dijo Solís, sobre la reunión que se desarrolla desde las 9 a. m. en Casa Presidencial, entre sindicalistas y autoridades de Gobierno.
El presidente aboga por un entendimiento que vaya más allá de la cláusula que Sintrajap cuestiona, sobre el fortalecimiento de Japdeva, por ejemplo; y espera que el resto de organizaciones gremiales sigan abiertas al diálogo. Sostuvo que la concesión de APM Terminals no se detendrá a menos de que haya razones de orden legal.
"Estamos esperando que se finalice el proceso de viabilidad ambiental (del proyecto portuario) que tiene que resolverse en Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental). Es un asunto que tiene unos días de margen", dijo Solís en torno al proyecto que, semanas atrás, superó un proceso legal entablado por Sintrajap en la Sala I de la Corte Suprema de Justicia.
En cuanto a la acción policial que permitió al Gobierno retomar el control de los muelles anoche, con un saldo de 68 huelguistas, Solís dijo que se empleó un uso mínimo de la fuerza.
"Yo no quisiera entrar en una discusión sobre golpes, quisiera entrar a una discusión sobre responsabilidades. La responsabilidad del Gobierno es garantizar que la operación de los muelles está garantizada y que todo se haga de acuerdo a la legalidad. No fui yo el que cerró los portones de los muelles ni fui yo el que convocó a los sindicalistas a no trabajar. Había que abrir, se abrió usando el mínimo de fuerza. Se ha realizado una intervención de lo más normal posible dadas las circunstancias", declaró el mandatario.
"El Gobierno no ha cerrado las puertas a nadie. Lo que pasa es que llega un momento en que tiene que imperar el Estado de derecho y eso es lo que hemos hecho valer, porque eso es lo que la inmensa mayoría del pueblo costarricense demanda y esa es la obligación que tiene el Gobierno", añadió el mandatario, quien precisó que la acción policial la lideró el Ministerio de Seguridad con el apoyo presidencial.