Presidente electo afirma que existe voluntad política para discutir el tema

Por: Esteban Oviedo 6 mayo, 2014
Luis Guillermo Solís se reunió ayer con sindicalistas, cooperativistas, agricultores y solidaristas en el Club Unión, en San José. | JOHNATAN JIMÉNEZ
Luis Guillermo Solís se reunió ayer con sindicalistas, cooperativistas, agricultores y solidaristas en el Club Unión, en San José. | JOHNATAN JIMÉNEZ

El presidente electo, Luis Guillermo Solís, afirmó que un año es un plazo razonable para resolver la discusión sobre el veto al proyecto de reforma procesal laboral.

Sin pronunciarse a favor o en contra de levantar el veto de Laura Chinchilla, el futuro mandatario declaró que, actualmente, existe voluntad política para discutir el asunto.

El plan de reforma procesal laboral reduciría la duración de los juicios de trabajo mediante la introducción de los procesos orales. Sin embargo, Chinchilla vetó el plan en el 2012, al considerar que este también legaliza las huelgas en los servicios públicos esenciales, como los hospitales o la Policía.

“Me alienta saber que hay voluntad de todas las partes de hablar del tema, a ver cómo podemos superar algunos aspectos del actual proyecto de ley aprobado, que está vetado, por ejemplo, respecto de las huelgas en el sector público. Entonces, vamos a hacer todo lo posible. Creo que un año es un buen plazo, pero puede ser menos”, dijo Solís.

El presidente electo se reunió ayer con el grupo Diez Medidas, el cual le recomendó un conjunto de acciones, en 20 áreas, para los primeros 100 días de Gobierno. Ese foro agrupa a cooperativistas, sindicatos, agricultores y solidaristas.

Una de esas recomendaciones es levantar el veto a la reforma procesal laboral. Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo que esa es una obligación ética y jurídicamente posible.

El viernes, el presidente del Congreso, Henry Mora, de Acción Ciudadana (PAC), se comprometió con la ANEP a eliminar el veto presidencial en el plazo de un año.

Dos días antes, los diputados del PAC acordaron con los de la Unidad Social Cristiana (PUSC) redactar una iniciativa adicional que aclare qué son servicios públicos esenciales. Si en un año esa propuesta no es aprobada, dice el acuerdo entre las agrupaciones, el Gobierno podría levantar la restricción.

“Son 15 años de debate respecto un tema en el cual, por el fondo, estamos de acuerdo casi todos, que es tener un mecanismo expedito para la solución de los conflictos laborales que afectan a las y los trabajadores y a los empresarios”, dijo Solís.

Peticiones. En el documento Manos a la obra: hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria , el grupo Diez Medidas también propuso una supervisión especializada para las cooperativas de ahorro y crédito, retirar el proyecto de contingencia eléctrica y crear un fondo solidario de rescate a las personas endeudadas. Solís dijo que tenía que ver las propuestas en detalle.

Por otra parte, el futuro gobernante reiteró que el PAC erró en la comunicación cuando estuvo cerca de pactar con Renovación Costarricense el aplazamiento, por un año, del plan de sociedades de convivencia, que legalizaría las uniones de personas del mismo sexo.

“En ningún momento dije durante la campaña, y creo que nunca se dijo en esas negociaciones, que la prioridad máxima del PAC y de su fracción iba a ser la discusión del documento de sociedades de convivencia”, declaró ayer.