El gobierno de Luis Guillermo Solís agregó anoche tres proyectos de ley a la bandeja de planes por enviar, al Congreso, para solucionar el déficit fiscal.
El propio Solís anunció dos de ellos durante la clausura del Congreso Nacional de la Empresa Privada, en el hotel San José Palacio, en San José.
Según el mandatario, el Ejecutivo enviará un proyecto para que el Ministerio de Hacienda decida si transfiere o no dinero a instituciones que mantienen ociosos recursos de años anteriores en la caja única del Estado.
Además, le permitiría a Hacienda recuperar recursos no utilizados por las entidades al cabo de dos años, que actualmente se estiman en ¢700.000 millones.
José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos, lo explicó así: “Le da ese músculo a la Tesorería Nacional para decir: ‘mire usted tiene esa plata ahí, no sé para qué me está pidiendo más’”.
Solís anunció una reforma al régimen de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. De acuerdo con el viceministro, la idea es disminuir el porcentaje de remuneración con respecto a los últimos salarios, elevar la edad de retiro y cambiar las reglas para heredar la pensión, así como garantizar que los pagos no crezcan por encima de la inflación.
En declaraciones a La Nación , Pacheco agregó un tercer proyecto. Se trata de un plan para reformar la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, de manera que el Gobierno Central pueda controlar “hasta en detalles específicos” los presupuestos de instituciones públicas que hoy están exentas de ello.
Esa iniciativa sería enviada en diciembre.
Hasta la fecha, el Ejecutivo solo ha mandado dos proyectos tendientes a paliar el déficit fiscal, el cual rozará el 6% del producto interno bruto (PIB) este año, presionando las tasas de interés.
Presentó uno para combatir el contrabando y otro contra el fraude fiscal.
En diciembre, el presidente Solís anunció que presentaría un plan de responsabilidad fiscal, que incluiría la creación del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y la renta global, con lo que se gravarían servicios que hoy están exentos (como los de los abogados, por ejemplo) y se obligaría a las personas a tributar con base en el total de todos los ingresos que perciban por separado.
Solís dijo que, dentro de ese proyecto, se podrían fijar topes a variables que inciden en las finanzas públicas, como el déficit fiscal o la deuda.
“Se eleva a nivel de la ley la imposibilidad de que yo pueda tener déficits superiores al 3%, por ejemplo, decir: ‘a partir del año 2020, el déficit fiscal no puede ser superior al 2,5%, al 3%’. Sería una forma de crear cierta disciplina fiscal obligada”, dijo Pacheco.