El documento contiene cuatro artículos y fue presentado como un texto sustitutivo del proyecto actual

Por: Patricia Recio 1 julio, 2013

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Fishman, presentó un texto que pretende reemplazar el proyecto de ley que regularía la técnica de fecundación in vitro.

 La moción de Luis Fishman fracasó, pues, entre otras cosas, el presidente del Congreso, Luis F. Mendoza, no le dio prioridad. | ABELARDO FONSECA/ARCHIVO.
La moción de Luis Fishman fracasó, pues, entre otras cosas, el presidente del Congreso, Luis F. Mendoza, no le dio prioridad. | ABELARDO FONSECA/ARCHIVO.

La iniciativa contiene cuatro artículos enfocados en declarar al Ministerio de Salud como ente rector en el tema, prohibir la implantación de más de tres embriones en el útero de la mujer y sancionar con cárcel al que done,negocie, venda, compre o comercie embriiones humanos.

“Se trata de que salgamos adelante de este estancamiento en que se encuentra sumida la Asamblea Legislativa, cumplamos nuestras obligaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo, con las mujeres y las parejas que están requiriendo de esta técnica para realizarse como madres y padres de familia”, dijo Fishman.

El diputado añadió qué, las definiciones bioéticas y los criterios que definen cómo operaría la fecundación invitro ya fueron dados por la Corte en su sentencia del pasado 28 de noviembre del año pasado, por lo que corresponde al país es poner en práctica el mandato de ese organismo.

“Partiendo de que las resoluciones de la Corte son vinculantes para el Estado costarricense, de lo que se trata es complementar lo dicho por ese organismo en materia de fecundación in vitro, con algunos conceptos vitales, darle operacionalidad al mecanismo y poner lo más pronto posible esa técnica al servicio de las mujeres y parejas que la requieran”, dijo Fishman.

El proyecto de ley que fue enviado a la Asamblea Legislativa por el gobierno en abril, aún no ha logrado ser dictaminado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, había otorgado al país seis meses desde que se dio a conocer la sentencia para que se levantara la prohibición. El plazo se venció la semana pasada.