Diputados dieron por terminado trámite del proyecto luego de dos años de discusión

Por: Esteban Mata Blanco 19 septiembre, 2012
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Con el voto unánime de 43 diputados presentes, a las 6:03 p. m. de ayer el Congreso dio por terminado el trámite de la nueva ley de tránsito, cuya multa máxima será de ¢280.000 para choferes borrachos y picones.

La norma prevé cinco tipos de multas, siendo la “A” la más alta.

Los diputados trataron de cuidarse de que las sanciones no resulten excesivas ante los ojos de los magistrados de la Sala Constitucional; incluso, consultaron este punto a los altos jueces, aunque no recibieron respuesta desde la sede del Poder Judicial.

El proyecto se tramitó mediante el expediente 18.032 y plantea un nuevo intento de multas fuertes, luego del fracaso de la ley aprobada en el 2008, la cual fue perdiendo vigencia ante fallos de la Sala IV que señalaban desproporcionalidad en los castigos económicos.

De hecho, la máxima multa de esa normativa es de ¢468.780 que está vigente, pero ahora bajará.

Las otras cuatro categorías de multa tienen montos inferiores, dependiendo de la gravedad de la falta. La mínima es de ¢20.000.

¿Rigurosa? “Vuelven la autoridad y el orden a las carreteras; nadie crea que esta ley es alcahueta; es muy fuerte y es la única manera en que las leyes funcionan, pero no es abusiva en multas como la ley anterior. Se traen a valor presente las multas de 1993”, dijo el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Fabio Molina.

En cuanto al alcohol, el límite permitido quedó en 0,60 gramos por litro de sangre. Solo se les aplicará pena de cárcel a aquellos conductores a quienes se les compruebe que manejan con más de 0,75 gramos de alcohol.

Además, establece tres categorías de conductores: novato, profesional y otros.

La propuesta ya había sido votada en primer debate el 21 de junio , y ayer finalizó su trámite legislativo.

El plan pasará ahora a manos del Poder Ejecutivo para su trámite de sanción (el sello que debe poner la presidenta de la República, Laura Chinchilla) y la publicación en el diario oficial La Gaceta, a partir de la cual entrará a regir.

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