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La presidenta Laura Chinchilla cree que la política de la calle se debe, sobre todo, al colapso del sistema de partidos.
Durante su estadía en Cádiz, Andalucía, se produjo una polémica entre los poderes Legislativo y Judicial cuando 38 diputados no reeligieron en su puesto al magistrado Fernando Cruz.
Para Chinchilla, si bien la Asamblea hizo uso de su potestad, la forma en que esto ocurre genera otro conflicto más entre los poderes. Ambos hechos, dijo, son reflejo del mayor problema del país: la ingobernabilidad.
De ahí su fuerte expectativa respecto al informe de una comisión de expertos, que está próximo a presentarse. Parte de las propuestas de este grupo podrían llevarse a un referendo.
La comisión la integran los abogados Rodolfo Piza Rocafort, Manrique Jiménez, Francisco Antonio Pacheco y Fabián Volio; el historiador Vladimir de la Cruz y el politólogo Constantino Urcuyo.
La Nación conversó con la mandataria mientras participaba en la XXII Cumbre Iberoamericana, que concluyó ayer.
El eje esencial del grupo es gobernabilidad, cómo hacer que las instituciones democráticas, que gozan de menos credibilidad, garanticen mejor representatividad, mayor eficiencia y participación.
”Nos hemos reunido 3 ó 4 veces y he salido muy satisfecha de las propuestas que están viendo, y del nivel de respeto entre ellos”.
Creo que van a tocar a todos los poderes. Respecto a la Asamblea vienen recomendaciones para garantizar una legislación que salga de manera más oportuna, así como garantizar la calidad de la representación de los diputados. En el Poder Judicial, una más clara depuración entre los poderes, pues se tiene la impresión de que el Poder Judicial tiene prominencia en decisiones que son propias del Legislativo o del Ejecutivo. También tocarán el Poder Ejecutivo por sus disfuncionalidades.
No están orientados a reformas constitucionales, esa es mi impresión. Quieren hacer un planteamiento realista para desamarrar algunos nudos gordianos que posteriormente faciliten el abordaje de otra serie del reformas.
La gran pregunta es si los partidos políticos van a tener la madurez suficiente como para pensar en la sostenibilidad de nuestro sistema y hacer un acuerdo nacional para tramitar algunas de estas reformas.
Vamos a tratar. Nos va a tocar ir a la Asamblea Legislativa. También hemos hablado de que, dependiendo del tipo de reformas, podríamos ir a un referendo.
Si yo pudiera empezar de nuevo el gobierno, empezaría por esto. Los presidentes de los últimos años hemos caído en la tentación de comenzar con el tema que coyunturalmente más le está urgiendo al país, en mi caso la reforma tributaria, y todos nos estrellamos contra la gobernabilidad. Si los costarricenses no resolvemos de una vez por todas la forma en que estamos operando la democracia representativa, va a ser difícil resolver los problemas coyunturales y el sistema se va a seguir deslegitimando.
Siento, sin desconocer faltantes de nuestra administración, que algunas de las manifestaciones de descontento en las calles son más contra el sistema y no contra el gobierno. En la teoría política clásica, los partidos son los principales vehículos de articulación social frente al poder. Como el sistema de partidos políticos está colapsado, los ciudadanos no tienen esos vehículos para que la negociación política avance y se legitime.
”La mayor parte de las últimas protestas fueron encabezadas por diputados. Son los mismos partidos los que se tiran a hacer política a la calle. El espacio idóneo para esa negociación es el Parlamento que se alimenta de partidos políticos”.
La Asamblea está haciendo uso de su potestad. Ni yo, como Poder Ejecutivo, ni me parece que ningún otro poder puede negarle el ejercicio de esa potestad, pero la forma en que se expresa pone de relieve las enormes disfuncionalidades que tenemos en la relación entre los poderes.
”La única forma de arreglar esto es entrarle de lleno a una reforma estructural que organice mejor la relación entre los poderes del Estado costarricense”.
