El martes 24 de setiembre por la mañana, dirigentes del Frente Amplio recibieron el periódico y celebraron al ver a su candidato, José María Villalta, destacado entre los cuatro primeros lugares de la encuesta de Unimer para La Nación.
Además del agrado de verse con una intención de voto nunca vista en el pasado, había otro elemento determinante: ahora sí podrían ser sujetos de crédito de los bancos para la campaña electoral hacia los comicios del 2 de febrero.
En esa encuesta,Villalta obtenía un apoyo máximo del 7,8% del total del electorado, una cifra que supera los mínimos establecidos por los bancos para poder prestar el dinero que luego recuperarán con intereses, con el aporte que hace el Estado a la campaña.
“Es la primera vez que estamos transando seriamente”, dijo Rodolfo Ulloa, secretario general del Frente Amplio, consciente de que esta vez están siendo favorecidos por un sistema “injusto” que antes los perjudicó.
“En 2006 nos dijeron que no aparecíamos en encuestas y entonces nos ofrecieron un crédito corriente contra propiedades y garantías prendarias; imposible”, dijo.
Ahora superan el límite del 6% del apoyo en encuestas establecido por el Banco de Costa Rica (BCR) y el 5% de entidades privadas como Banco Lafise. Pueden dar el primer paso para gastar parte de los ¢900 millones previstos para publicidad y organización.
Este es un círculo. Se cree que un partido con dinero pauta más publicidad y eso incide en las encuestas. Pero esas mismas encuestas sirven para obtener dinero fresco en la campaña y pagar publicidad.
“Es injusto, pero no hay otra forma que sea aceptable para los bancos”, dijo Olivier Castro, del comité de finanzas del Partido Acción Ciudadana (PAC), agrupación que en las encuestas de setiembre obtuvo resultados críticos.
“Estamos en una situación apretada, pero estamos buscando opciones”, dijo Castro, sin detallar.
El Banco Lafise, por ejemplo, podría prestarle dinero en esta fase a pesar de los bajos porcentajes de intención de voto. “Las encuestas son claves para otorgar financiamiento, pero el PAC tiene un historial. Sabemos que si la encuesta fuera hoy sacaría más de un 5%. La puerta está abierta”, dijo el gerente general, Gilberto Serrano.
“Tenemos que asegurarnos que esos partidos a los que vamos a prestar tengan una cuota de votos importante”, agregó Serrano, quien informó de que usan como referencia estudios de Unimer, Cid-Gallup y Demoscopía. No descartan pagar un estudio propio.
En el BCR, que podría colocar hasta ¢7.000 millones, también utilizan estudios privados para intervenir con sus recursos en la campaña, pues ayudan a prever la capacidad de pago de los partidos cuando hayan pasado las elecciones.
Para esta entidad, financiar actividades electorales tiene una rentabilidad “moderada”, con tasas “acordes al nivel de riesgo asociado”. Hablan de un interés del 12% a 18 meses de plazo. Han conversado con Frente Amplio, PAC, Movimiento Libertario, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Partido Liberación Nacional (PLN).
El uso de encuestas para fijar el financiamiento ha sido criticado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pues también era la medida para colocar bonos de deuda política, mecanismo suspendido por una acción ante la Sala IV.
“Es un factor de inequidad”, expresó el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, a cargo de una entidad que intentó sin éxito modificar el método de financiación electoral en el último cuatrienio.
“Los bonos valen lo que las encuestas dicen que valen. Esto introduce un sesgo de inequidad en la competencia”, dijo en vísperas de los comicios del 2010 .
El partido que más recursos capta de la deuda política es el PLN, por ser el que ha cosechado más votos en los dos comicios pasados. Ahora, que encabeza las encuestas, tiene también más acceso a créditos.
Ya esta semana el PLN firmó un fideicomiso por ¢6.300 millones . “Me parece que este es un mecanismo adecuado. Se han buscado otras opciones y no se han hallado. Es lo mejor que hay”, declaró Rolando González, jefe de campaña del candidato Johnny Araya.
Todas las agrupaciones esperan que las firmas encuestadoras vuelvan a desplegar sus entrevistadores para captar nuevas intenciones de voto y con ellas se abra la caja registradora.