Labor de dos asesores de Zapote bajo investigación

Se trata del jefe de despacho, Diego González Fernández y de la asesora Rebeca Sandí Salvatierra. Ninguno tiene el grado académico de licenciatura, requisito indispensable para colegiarse y ejercer la abogacía.

Ambos son bachilleres en Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) y llevaron los cursos de la licenciatura, pero todavía no ostentan ese título.

“Ser egresado de una facultad de Derecho no faculta a nadie para ejercer la profesión. Se debe estar incorporado en el Colegio, la ley es muy clara. De lo contrario, en nada se puede ejercer la abogacía. Vamos a recabar información para determinar cuáles son las funciones que cumplen en la Presidencia”, expresó el asesor legal del Colegio, Arnoldo Segura.

Según Segura, si prueba que ejercen sin estar colegiados, la organización podría presentar una denuncia por ejercicio ilegal de la profesión, para lo cual se establece una pena de tres meses a dos años de prisión.

Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, dijo que González y Sandí son sus asesores personales, quienes se encargan de realizar investigaciones, recopilar información y discutir con él los diferentes casos en trámite.

Celebró que el Colegio investigue porque, en su criterio, no hay nada que temer y la Presidencia colaborará con toda la información necesaria. Añadió que ambos asesores fueron sus alumnos en la cátedra de Derecho Constitucional de la UCR. González, por ejemplo, fue su asistente durante tres años.

La Presidencia defendió los nombramientos. Detalló que González y Sandí ganan ¢1 millón bruto al mes, en la categoría de ‘asesor profesional presidencial B’. Agregó que usan plazas de confianza exentas de requisitos, según dos directrices del gobierno anterior.