Los abrazos y palmoteos de espalda están frescos, y los puntos de tensión latentes. El Gobierno mantiene su esperanza de contar con el apoyo del PUSC para aprobar el paquete de ajuste tributario, pero la oposición se niega rotundamente.
Con este acuerdo una vez más el Poder Ejecutivo postergó, por tiempo indefinido, el trámite de los impuestos y el primer vicepresidente, Rodrigo Oreamuno, no descarta la imposición de nuevas medidas administrativas para financiar el faltante de recursos.
"No han sido definidas cuáles podrían ser (esas medidas) ni tampoco las fechas en que se podrían en vigencia. La situación del déficit y del Gobierno, mientras no se aprueben los nuevos impuestos, sigue siendo de mucha preocupación", reconoció el Vicepresidente.
El Gobierno aduce que los recursos son urgentes, pero esperará a que las conversaciones maduren para plantear el tema. "Eso lo veremos más adelante", declaró el presidente José María Figueres al rechazar que haya renunciado a obtener más y nuevos tributos para financiar el déficit fiscal.
Pero el exmandatario Rafael Angel Calderón fue tajante en su negativa. "Ese no es tema de este foro. Aquí vamos a las transformaciones institucionales", sentenció.
"El punto más difícil no se trató", opinó -con una leve sonrisa- Luis Gerardo Villanueva, jefe de la fracción liberacionista.
Los sectores empresariales consideraron como una señal positiva el acuerdo de una agenda de consenso entre el Gobierno y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pero les preocupa el mantenimiento del incremento de los aranceles.
"Sentimos que no es oportuno, por parte del Gobierno de la República, pretender incorporar mayores medidas administrativas en un momento de conciliación, concertación y acuerdo que está empezando a rendir los primeros frutos", expresó Carlos Alvarado, presidente de la Cámara de Comercio.
Todo indica que cualquier avance en el trámite de nuevos tributos dependerá, primero, del progreso de los proyectos de ley declarados prioritarios en la reunión de ayer entre el Gobierno y la oposición, pero ni siquiera existe un calendario para su trámite.
Ante el atraso en la aprobación de los proyectos de reforma tributaria, la administración Figueres había elevado en 8 puntos porcentuales los aranceles a la importación, el 27 de marzo, como una forma de obtener al menos 45.000 millones de colones.
Este año el déficit fiscal podría ascender a100.000 millones, es decir, casi un 8 por ciento del Producto Interno Bruto.