Jaime Solís estaba ayer en su negocio de fotocopias frente a la UCR cuando vio en televisión una noticia que le afecta: el Gobierno iba a presentar un decreto que ponía fin al conflicto sobre la legalidad de reproducir obras, pero a última hora todo se pospuso.
En medio de varias máquinas de fotocopiar en desuso, oyó a la periodista decir que aún no hay nada definitivo. Dijo “no” con la cabeza y siguió atendiendo a clientes que llegan cada vez menos por las fotocopias, aunque el rótulo diga “Copias Kike”. Para él, el negocio de las fotocopias está lleno de incertidumbre y la noticia de ayer no ayuda.
Tres semanas después de que la presidenta Laura Chinchilla vetara la ley que despenaliza el fotocopiado de libros, su ministro de Justicia, Fernando Ferraro, tuvo que pedir dos días más. Antes de firmar un decreto que reforme el reglamento de la Ley de derechos de autor, intenta poner de acuerdo a las editoriales, a los fotocopiadores y a un grupo de estudiantes universitarios interesados en el tema.
Todo estaba listo para firmarse ayer, pero los estudiantes no están seguros de que se les garantice el libre acceso a las fotocopias con objetivos académicos.
El Gobierno podría firmar el decreto cuando le plazca, pero quiere que sirva para sepultar de una vez por todas el conflicto sobre la reproducción de obras escritas, suscitado después de que la Cámara del Libro criticara el proyecto aprobado en junio por todos los diputados.
Ferraro dio ayer dos días más al movimiento estudiantil llamado “Fotocopiando para estudiar”, pero no sabe qué respuesta darán ni cómo reaccionará en caso de que se opongan al texto borrador, ya aceptado por el resto de las partes, según Fernando Ferraro.
El decreto intenta aclarar lo que el Gobierno viene insistiendo en los últimos días: fotocopiar con fines académicos es legal, pero reproducir obras para lucrarse con ellas es prohibido y se penaliza con cárcel.
Sin embargo, las interpretaciones y los puntos medios provocan dudas, dijo ayer Mayela Pacheco, de la Cámara de Copistas. Esto mantiene a los negocios de fotocopias inmersos en la incertidumbre.
“Ya uno no sabe ni qué fotocopiar. A veces a uno le da miedillo fotocopiar hasta un capítulo suelto. Por eso nos estamos saliendo. No podemos vivir en esa ambiguedad”, contó ayer Solís. Antes tenía 14 máquinas y ahora, tres.
Otros negocios cercanos a la UCR también esperan que se aclaren los nublados. “No se la puede jugar uno. Aquí viene alguien ahora y me pide copiarle un libro para un curso y yo le digo que no, no me la juego”, dijo Olman Jiménez, dueño de Copias Katty.
“Y los mismos clientes lo temen; eso puede explicar por qué la demanda del servicio ha caído más de un 50%. Un 70% diría yo en mi caso”, agregó Jiménez, sin mencionar el posible efecto del uso creciente de documentos digitales.
El delito puede recaer sobre el cliente y no sobre el dueño de la fotocopiadora si se comprueba que la reproducción de una obra tiene fines de lucro, advirtió ayer el ministro Ferraro.