La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) se enfrenta a una deuda de ¢238 millones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por evadir parte de sus obligaciones sociales entre los años 2003 y el 2014.
Durante ese periodo y bajo la administración del actual viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, quien entonces era su director ejecutivo, la Jupema contrató a al menos 25 funcionarios bajo la modalidad de servicios profesionales, cuando en realidad tenían una relación laboral con la institución.
De esa forma, la organización de docentes evadió pagarle a ese personal las cuotas obrero patronales, vacaciones, aguinaldo y demás derechos laborales a los cuales tenía derecho, a pesar de que marcaban la hora de llegada y salida, recibían un pago periódico y tenían subordinación, es decir que cumplían con "todas las condiciones subyacentes" para recibir dichos beneficios.
Si bien la Jupema estima que la deuda sería de ¢238 millones, según consta en actas de la junta directiva, la CCSS todavía desconoce cuál es el monto real que se cobrará, pues la Junta de Pensiones apeló y ahora el caso se encuentra en la Comisión de Impugnaciones Patronales.
"Hasta que no se resuelva en definitiva el asunto, es decir, el acto adquiera firmeza administrativa, no es procedente realizar el cobro de la deuda", declaró Luis Diego Calderón, dirección de Cobros de la Caja.
El director ejecutivo de la Jupema, Róger Porras, reconoce que efectivamente existió una omisión con el pagos de una parte del personal, pero aduce que impugnaron el proceso porque están disconformes con la suma que la Caja les pretende cobrar.
A su criterio, la deuda no supera los ¢160 millones, pues según él, se incluyó a otros funcionarios que por la naturaleza de sus funciones solo pueden ser contratados por servicios profesionales, como es el caso de los asesores externos.
Aduce además, que la actual junta directiva tiene el interés de ponerse al día con la CCSS y saldar la deuda que se tiene con ese grupo de funcionarios. Afirma que tal es la urgencia, que aunque el informe de la CCSS solo abarcaba los años 2008, 2009 y 2010, ellos ampliaron el periodo cinco años más para atrás.
De acuerdo con Porras, la responsabilidad de que ese personal no fuera incluido dentro de la planilla fue de la administración anterior, la cual estaba a cargo de su antecesor, el actual viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum.
"Es un tema de carácter administrativo, la junta directiva, rara vez se mete en esos temas", expresó el jerarca.
Hasbum, por su parte, dice que no conocía que esa situación ocurría durante los 10 años que ejerció como director ejecutivo de la Jupema, entre el 2000 y el 2010.
Argumenta que el personal que se contrataba por servicios profesionales solo era por plazos temporales, y que después de los tres meses sí se les incluía en la planilla.
Niega que sea el culpable de esa evasión, pues asegura que toda contratación requería del visto bueno de los directivos y además, dice que todos los contratos eran redactados por el departamento legal y eran ratificados por la auditoria interna.