Según directores, nuevo reparto de dinero impide a junta seguir operando

Por: Aarón Sequeira 9 agosto, 2016
La nueva ley de Judesur rebaja los impuestos a los bienes que compran los usuarios del Depósito de Golfito. | ARCHIVO GN.
La nueva ley de Judesur rebaja los impuestos a los bienes que compran los usuarios del Depósito de Golfito. | ARCHIVO GN.

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), entidad semiautónoma, presentó un proceso contencioso administrativo contra el Estado en el que exige una compensación por ¢7.000 millones.

La demanda es un ataque directo a la nueva ley orgánica de la entidad (ley 9356), vigente desde el 13 de junio pasado, la cual, según los miembros de la Junta Directiva de la Judesur, le impide a la entidad seguir operando este año y los venideros.

La característica más particular de esta demanda es que la presentan los interventores que, desde octubre del 2014, están a cargo de la institución por encargo del Gobierno.

Ese órgano interventor, que opera al mando de la Judesur, lo presidente Manuel Alberto Herrera Mutis y lo completan Luis Achío, Ricardo Solís y Vielka Rojas, así como Jendry Acevedo, nombrados por Luis Guillermo Solís para sacar a los anteriores directores que representaban a diversos sectores.

En la demanda, alegan que la nueva legislación les crea más responsabilidades que antes, como la creación de un puesto de director ejecutivo (en funciones por cuatro años) y les aumenta en dos los miembros del órgano director, para llegar a 11, pero aseguran que les baja recursos.

¿Menos recursos? La anterior ley, ahora derogada, le daba a Judesur un 8% de los ingresos tributarios para gastos administrativos, lo que significaba ¢272 millones para el 2016.

Con la modificación legal, aumenta ese porcentaje a un 15%, que solo para el segundo semestre de este año le daría a la Judesur ¢369 millones, según los cálculos que su propia oficina de planificación ha realizado.

No obstante, en la solicitud del proceso contencioso, la Judesur afirma que entre salarios, servicios, materiales y suministros, ya tenía gastos pendientes por ¢1.384 millones para el resto del 2016, por lo que esos ¢370 millones no les alcanzarían, y más bien le dejarían a la Junta un déficit de ¢1.015 millones.

Molestia. Para el diputado Gerardo Vargas Rojas, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la demanda es ridícula, además, que la presenten los interventores nombrados por el propio Gobierno.

De hecho, fue Rojas quien advirtió a la prensa, este lunes en el Congreso, de que la Judesur presentó la demanda hace un mes, la cual fue admitida el 1.º de agosto.

Consultado al respecto, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, aseguró que por estar el proceso judicial en trámite, no podría responder consultas.

“Hemos sido informados de que hay procesos judiciales en marcha. En razón de estar ejecutándose dichos procesos, no remitiremos criterio al respecto”, comunicó Alfaro.

Según Judesur, no tuvieron audiencia en el Congreso antes de aprobar la ley ni se consultó a la Sala IV, pero no es obligatorio. Vargas afirmó que sí se les pidió criterio y lo dice el expediente.