Las presidentas ejecutivas de dos instituciones emblemáticas del sector social intentaron convencer al Consejo de Gobierno para que aprobara un aumento en las dietas que se les pagan a los miembros de sus juntas directivas.
Se trata de Delia Villalobos, jerarca de la Junta de Protección Social (JPS), y de Ana Teresa León, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
El incremento que solicitaron en junio del 2015, a través del entonces ministro de Desarrollo Humano, Carlos Alvarado, hoy titular de Trabajo, habría subido en ¢4 millones el monto que ambas entidades en conjunto pagan al año a sus directivos por concepto de retribuciones por asistir a las sesiones de sus juntas.
La petición se fundamentó en un estudio sobre el pago de dietas en el sector público que, según Delia Villalobos, preparó Ana Teresa León para corroborar que la JPS y el PANI pagan las dietas más bajas del sector público.
La Junta Directiva del PANI está integrada por cinco personas y la de la JPS tiene siete miembros.
El costo de la dieta que reciben esos directivos es de ¢28.000 por cada sesión a la que asisten.
Siendo lo usual una sesión a la semana, entre las dos instituciones pagan ¢19,1 millones al año en dietas a sus directivos.
No obstante, Villalobos y León consideran pequeña esa cifra por lo que, en junio del 2015, pidieron al Consejo de Gobierno equiparar sus dietas con las del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
En Recope, por ejemplo, se informó ayer de que el monto de la dieta es de ¢40.882 por sesión.
Es decir, el presupuesto anual para el pago de retribuciones a ambas directivas habría aumentado de ¢19,1 millones a más de ¢23 millones.
Rechazado. Pero, según consta en el acta de su sesión del 2 de febrero pasado, el Consejo de Gobierno les rechazó la solicitud a las presidentas de la JPS y del PANI, al juzgarla contraria al discurso de austeridad del Poder Ejecutivo.
Hoy, el gobierno de Solís pide más impuestos para reducir el déficit fiscal, cercano al 6% del producto interno bruto (PIB).
“En apego a la aplicación de criterios de austeridad en el gasto público, no se estima conveniente valorar en este momento la solicitud formulada (...). Y se pospone para otra ocasión el replanteamiento y la valoración de este tema”, se lee en el acta en poder de La Nación .
Por escrito, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, comentó que la disparidad en el pago de las dietas en el sector público es un problema que se genera en las leyes de creación de cada institución.
Sin embargo, dijo que, por ahora, prima la necesidad de “dar pruebas fehacientes de nuestra voluntad de gastar mejor los recursos existentes”.
No era un aumento. Delia Villalobos dijo anoche a este diario que la solicitud fue malinterpretada por el Consejo de Gobierno, pues se trataba de una “actualización” de las dietas y no de una equiparación para aumentarlas, como consta en las actas.
No fue posible obtener un criterio de Ana Teresa León, pese a que se le solicitó por escrito y vía telefónica.
Villalobos, por su parte, anunció que hablará con León para volver a plantear la solicitud, esta vez, aclarando que se trata de una actualización en el monto de las dietas.
“Desde el 2010 no se actualizan las dietas de la JPS y del PANI. A mí, por ser presidenta de la Junta, me pagan en dietas 155.000 pesos ( sic ) al mes, pese a todo el trabajo que hay que hacer en la institución”, dijo Villalobos.
“El puesto de presidente de la JPS fue concebido como el máximo honor que se le podía conceder a un ser humano. No es una presidencia ejecutiva, pese a que toca trabajar mucho”, se quejó, antes de afirmar que ella y León son las primeras en defender la austeridad del Gobierno.
La solicitud del aumento en el pago de dietas para las directivas de la JPS y del PANI trasciende cinco días después de que el diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), presentara a la corriente legislativa un proyecto de ley para eliminar la Junta Directiva del PANI.
Para el legislador, ese cuerpo colegiado le resta agilidad a la gestión del PANI y no brinda ningún valor agregado a la entidad, encargada de velar por la niñez en riesgo social.