Johnny Araya, candidato verdiblanco, propone destinar parte del impuesto de ventas al financiamiento de las pensiones por vejez. La idea fue anunciada ayer durante la presentación del plan de gobierno de Liberación Nacional (PLN).
La iniciativa funcionaría así: cuando una persona haga una compra y pague el 13% de impuesto de ventas, tres puntos del tributo serían enviados a una cuenta abierta a su nombre en una operadora de pensiones.
Así, el contribuyente acumularía un fondo adicional de jubilación con base en su consumo, dijo Wálter Coto, uno de los coordinadores del plan de gobierno anunciado en el hotel Radisson, en San José.
El fondo serviría de pensión a aquellos que no cotizan y funcionaría como una jubilación adicional para los que aportan tanto para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como para la pensión complementaria.
Coto argumentó que hoy un 42% de las personas con más de 65 años no tienen pensión porque no cotizaron y que la mejor forma de solucionar el problema, sin afectar a patrones, asalariados o al Estado, es recaudar recursos a través del consumo.
Para ello, añadió el exdiputado, se tendría que implementar la factura electrónica, lo que permitiría que el impuesto pagado en cada compra tenga nombre y apellidos.
En criterio de Coto, eso provocará que cuatro millones de personas vigilen que los negocios recauden el tributo.
El Estado dejaría de percibir el 13% de gravamen y recibiría un 10%. Ayer se intentó obtener una versión del Ministerio de Hacienda, pero no fue posible. El viceministro José Luis Araya dijo que devolvería la llamada.
Wálter Coto argumentó que actualmente la evasión del impuesto de ventas ronda los ¢240.000 millones y que, este sistema, aumentaría la recaudación.
Fernando Rodríguez, economista y consultor de la Universidad Nacional (UNA), expresó dudas sobre el proyecto: “Suena muy bonito en el papel y no se ha implementado en ningún lugar, pero en lugar de hacerle un favor al fisco podemos perjudicarlo”.
Ya existe un proyecto de ley sobre esta idea y fue promovido precisamente por Coto en el 2012.
Johnny Araya también se comprometió ayer a erradicar en un eventual gobierno la pobreza extrema, condición en la que hoy viven más de 330.000 habitantes.
Para el Estado, alguien es pobre si en su hogar, cada persona, sobrevive con un ingreso mensual inferior a los ¢42.000.
El cómo. ¿Cómo se erradicaría esa condición? Araya respondió que se debe hacer un esfuerzo para asegurarse de que las transferencias sociales lleguen a quienes las necesitan y, para ello, apuesta por un expediente social único.
Argumentó que, hoy, el Estado solo dispone de un registro de beneficiarios de los programas de asistencia social, pero no un expediente que ubique a quienes viven en extrema pobreza.
Según el candidato, se apoyarían en la información que recopilan los Ebáis de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para crear ese expediente.
Fernando Marín, ministro de Bienestar Social, evitó calificar la promesa de erradicar la pobreza extrema. “En esta administración, no nos trazamos esa meta dadas las circunstancias económicas en que estaba el país”, dijo.
En cuanto al registro de pobres, Marín explicó que hoy existe un registro de las personas que han solicitado ayuda (el Sistema de Población Objetivo, SIPO) y un registro de beneficiarios. El primero incluye a pobres y no pobres.
Pieza clave. Johnny Araya añadió que sería muy difícil cumplir su plan de gobierno sin una reforma fiscal. En esa línea, propone transformar el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado, así como establecer una tarifa única tributaria a las ganancias de capital (impuesto sobre la renta).
Mencionó que se gravarían las ganancias obtenga alguien cuando venda una propiedad en un valor mayor al que la adquirió. Colaboró Alexandra Araya