El viernes pasado envió nota a Zapote, en donde dice que dará explicaciones

Por: Gerardo Ruiz R. 18 julio, 2016
Olivier Castro está inmerso en un potencial conflicto de intereses desde el 2014, cuando su hijo entró a laborar a la ABC. El jerarca comunica hasta ahora ese hecho a Casa Presidencial. | RÓNALD PÉREZ
Olivier Castro está inmerso en un potencial conflicto de intereses desde el 2014, cuando su hijo entró a laborar a la ABC. El jerarca comunica hasta ahora ese hecho a Casa Presidencial. | RÓNALD PÉREZ

Pasaron 21 meses para que Olivier Castro, presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), informara a Casa Presidencial de que su hijo, Daniel Castro, es el director jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Lo hizo el viernes pasado, después de que La Nación publicara un informe en el cual la Procuraduría de la Ética encontró que la relación familiar de ambos configura un potencial conflicto de intereses que afecta su labor al frente del ente emisor, al ser la ABC la entidad que vela por los intereses de los bancos regulados por el Central.

Ese día, Castro envió una nota a los ministros de la Presidencia, Sergio Alfaro y de Comunicación, Mauricio Herrera, donde les comunicó que en octubre del 2014, cuando su hijo asumió el cargo en la ABC, no consideró necesario informárselos.

Esto porque al hacer en esa fecha una consulta verbal a la Dirección Jurídica del Banco, se le contestó que no había ninguna incompatibilidad entre su nombramiento en la Presidencia Ejecutiva y el de su hijo en la organización que defiende los intereses de 15 bancos.

El caso repercute en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que es supervisada, a su vez, por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), del cual Olivier Castro también es miembro.

Desinformado. En su nota del viernes, Castro dijo que desconocía el informe de la Procuraduría, pese a que esta se lo había notificado al Consejo de Gobierno—que es el que nombró a Castro en el Central—desde el 17 de mayo pasado.

En el documento, la procuradora Tatiana Gutiérrez hace severas advertencias al gobierno del presidente Luis Guillermo Solís sobre las consecuencias que tendría para el sistema financiero el potencial conflicto de intereses en que se encuentra Castro, entre estos “el eventual abandono de la objetividad y la imparcialidad en el ejercicio del cargo, la divulgación de información privilegiada, el eventual favorecimiento de intereses privados, la posibilidad de tráfico de influencias o de aprovechamiento indebido del cargo”.

“Es preciso referir la gravedad de las consecuencias en términos de la afectación al interés público que podría generar la eventual comisión de una conducta irregular de las comentadas por parte de la Presidencia del BCCR, al estar de por medio asuntos públicos a su cargo y del Conassif, de una trascendencia tal que pueden influir o afectar la estabilidad financiera y económica del país”, recalca el oficio AEP-AR-1-2016.

En su carta a Casa Presidencial, Olivier Castro dijo que a principios de esta semana “como un acto de transparencia” le informará al Consejo de Gobierno sobre su situación, pese a que, según él, no existe ningún potencial conflicto de intereses con base en lo dicho por la Dirección Jurídica del Banco, a la luz del régimen de incompatibilidades de la Ley Orgánica del ente emisor.

¿Y el código de ética? Pero, además del informe de la Procuraduría, hay otro elemento que complica a Olivier Castro.

Es que la Junta Directiva del Central aprobó el 3 de noviembre del 2010 un código de ética que desde entonces rige para todos los funcionarios de la entidad, confirmó la oficina de prensa del Central a este diario.

En el artículo 3 “Prevención de Conflictos de Intereses”, inciso 3.5, se señala que “si a un servidor del banco le sobreviene una situación con respecto a la cual tenga, o aparenta tener un conflicto de interés, se espera que dicho funcionario lo comunique inmediatamente a su superior por escrito”. En este caso, el Consejo de Gobierno es el superior de Castro, al haberlo nombrado en el cargo.

Además, el inciso 3.7, señala que “el Banco espera que su personal informe, por escrito sobre sus negocios o actividades de inversión, o sobre las relaciones de empleo, negocios o actividades de inversión de sus cónyuges, socios y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que puedan generar o presumir una situación de conflicto de interés con respecto a las funciones que, en determinado momento, les corresponda ejecutar”.

En su informe, la Procuraduría tampoco encontró incompatibilidades en el nombramiento de Olivier Castro en el Central, a raíz de la labor de su hijo en la ABC.

Esto porque en su investigación, además del conflicto de intereses, detectó un vacío que impide sancionar el hecho de que el presidente del Central tenga un familiar al otro lado de la acera, laborando para los bancos sujetos a su regulación.