Inder denuncia a jueces por supuesto conflicto de intereses en condena por tierras

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) denunció ante el Ministerio Público a dos jueces de la República, a dos abogados y a su exdirector jurídico por supuestas irregularidades en las sentencias que lo obligaron a pagar ¢7.200 millones a 11 personas en el 2011.

Se trata de dos jueces suplentes que resolvieron una demanda de indemnización en contra del Inder, en dos momentos procesales distintos, y que luego, ya en su papel de abogados litigantes, demandaron al Instituto por la misma causa pero representando a otros interesados.

La indemnización ordenada en el 2011 pretendió expropiar a personas que ocupaban de buena fe territorios que fueron declarados territorios indígenas en 1977.

El Inder denunció a un juez suplente de apellido Briceño, que dictó la sentencia de fondo dándole la razón a los 11 demandantes y a otro, de apellidos Porras, que luego dictó el monto de la indemnización por ¢6.100 millones, cifra que ha crecido a ¢7.200 millones por intereses.

El caso tiene el número de expediente 04-000535-0163-CA, se ventiló en el Tribunal Contencioso Administrativo, en San José. Fue abierto desde el 2004, explicó la gerente del Inder, Diana Murillo.

Dos años después del fallo, los jueces suplentes se presentaron como defensores de otros supuestos propietarios de terrenos indígenas que exigen compensaciones similares al Inder.

Según el Inder, también influyó la negligencia en el proceder de su dirección jurídica de ese momento, pues facilitó el millonario pago y desató una serie de demandas similares. El exjefe de ese departamento, de apellidos García, es uno de los denunciados. Se le achaca no presentarse a la audiencia de apelación sobre el caso.

Derroy Navas Beita, abogado de las 11 personas que ganaron el pleito al Inder gracias a los fallos de Briceño y Porras, dijo en una publicación de este diario del pasado 5 de diciembre sobre el mismo tema, que le había sorprendido la actuación de la defensa de la entidad estatal.

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Navas, indígena graduado de notario durante la década pasada, obtuvo un pago por ¢1.615 millones, según la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo.

El defensor aduce que el monto es por su cuota litis (honorarios), y responde al cobro del 15% de lo obtenido por sus clientes si la demanda prosperaba.

¿Qué hicieron los jueces según Inder?

Patricia Calderón, actual directora jurídica del Inder, cuestiona la forma en que se hicieron los avalúos para la indemnización reconocida en el 2011. Sostuvo que "se pagaron sumas por hasta ¢2.000 millones, con base en pruebas que resultan insuficientes dentro de la logica jurídica".

"En este expediente hay 43 actores demandando indemnizacion (de los cuales, se indemnizó a 11, según la sentencia del 2011), pues alegan ser ocupantes de buena fe, se dan circunstancias que generan las alertas que culminan con la denuncia", agregó la abogada.

A criterio de la funcionaria, la actuación los jueces podría configurar "un posible delito de prevaricato y una violación al principio de independencia judicial, ya que parece haber un conflicto de intereses de por medio".

Lo anterior en vista de que los mismos jueces aparecieron luego como abogados de otras personas para demandar al Inder por indemnización de terrenos.

"A manera de ejemplo, algunos expedientes donde el licenciado Briceño figura son el 13-7704-1027-CA, el 137766-1027-CA y el 14 4855-27-CA", dijo Calderón.

"Estos expedientes pretenden exactamente lo mismo, que se indemnice a ocupantes alegando buena fe", agregó Calderón.

El otro juez suplente, Porras, también figura como representante de supuestos afectados que reclaman una indemnización del Estado, como apoderado, en los expedientes 13-8241-1027-CA y 14-7050-1027-CA.

Desde el Inder, tanto Calderón como Murillo protestan por la forma en que Porras determinó el valor de las propiedades en disputa, pues los cálculos no fueron hechos por el Inder, sino que se hicieron, según Calderón, sin rigurosidad técnica.

Se intentó conocer la posición del Poder Judicial respecto de este caso, sin embargo, el encargado de prensa de la entidad, Sergio Bonilla, respondió que, al ser un caso que se dirime en sede penal, de momento no hay pronunciamiento sobre el mismo.

Asimismo, se buscó a ambos abogados, pero no aparecieron en los números registrados.

Otros denunciados.

La denuncia también implica a los hermanos gemelos de apellidos Arauz Figueroa; uno de ellos es abogado independiente y el otro funcionario de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai).

Rodrigo Arauz Figueroa es representante legal, junto con el juez suplente y abogado litigante Briceño López, de un grupo de personas que también buscan obtener la indemnización que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Indígena, se les debe pagar a los ocupantes de esos territorios antes del año 1977.

Su hermano gemelo, Salvador, exjefe del departamento Legal de la Conai, y actual funcionario en esa misma institución, dijo estar sorprendido por la denuncia.

"Ayer (jueves) nos enteramos y queremos ver la denuncia. Yo nunca participé en ese expediente, usted puede ir a verlo, no sé porqué nos están involucrando, menos a mi hermano Rodrigo, estamos dispuestos a aclarar la situación y dar la cara. No es cuestión que se diga que fulano diga esto.

"Estamos, primero sorprendidos, nuestro nombre nunca se ha ensuciado, tenemos hijos y familia y queremos dejar un nombre limpio. Si hay algo irregular lo enfrentaremos, pero en este caso ni mi hermano estuvimos en ese expediente", dijo.

Sin embargo, en el Inder están convencidos de que los gemelos Arauz Figueroa deben dar explicaciones por los procesos que lleva Salvador junto con el exjuez Briceño, y que afectan a la Conai.

"Para el Inder, el hecho de que el abogado que interpone denuncias en contra del Inder y de la Conai sea hermano gemelo del exdirector jurídico de esa última entidad reviste "per se" una preocupación, pues se ha venido detectando la existencia de una serie de actos administrativos dictados por la Conai en los cuales se da un claro favorecimiento hacia el abogado independiente", agregó el Inder en un comunicado.

¿Por qué nació el caso? Desde 1977, cuando el hoy Inder se llamaba Instituto de tierras y Colonización (ITCO), estaba obligado por ley a indemnizar a los propietarios de terrenos en territorios indígenas.

Lo anterior por cuanto la Ley Indígena, aprobada en ese año, estableció la creación de los 24 territorios indígenas que existen hoy día.

Dicha norma obligaba al Estado, a través del ITCO, al pago por expropiación a los propietarios no indígenas que demostrasen que, de buena fe, poseían sus tierras dentro de zonas indígenas antes de la aprobación de la ley.

Sin embargo, los años pasaron y ni el ITCO (hoy Inder) ni la Conai, honraron las indemnizaciones.

Esto derivó en el proceso presentado contra el Estado en el 2004, y que fue objeto de la sentencia del 2011. Al resultar una millonaria indemnización, el número de demandas se disparó.