La Iglesia católica deberá elegir a un nuevo emisario que vaya a la Asamblea Legislativa a defender sus puntos de vista en la discusión de proyectos de su interés, en especial relacionados con derechos humanos.
Esto, ante la suspensión de su vocero, el sacerdote Mauricio Víquez, el pasado 30 de marzo.
Víquez fue separado de sus funciones luego de que grupos de defensa de los derechos gais denunciaran una doble moral del cura, quien sostenía supuestos encuentros sexuales con hombres, al tiempo de que defendía el matrimonio entre el hombre y la mujer como el único aceptado por la Iglesia.
El sacerdote se desempeñaba como el enlace entre la Iglesia y los diputados en temas delicados como matrimonio gay, eutanasia, fecundación in vitro, entre otros.
Además, era uno de los voceros en temas de familia desde la Conferencia Episcopal.
Pronta decisión. Glen Gómez, sacerdote vocero de la Iglesia, confirmó que en tres semanas los obispos de la Conferencia Episcopal se reunirán para analizar las cartas que tienen a mano.
El nuevo enlace de la Iglesia con el Congreso estaría a cargo de dar seguimiento a las iniciativas de ley que afectan la visión o los intereses de la Iglesia católica y su función.
Por ello, una de sus funciones principales será presentar ante los legisladores las posiciones de la Conferencia Episcopal.
Durante su gestión, Víquez propició encuentros entre congresistas de todas las bancadas y los obispos católicos, al tiempo que sostenía reuniones individuales en los despachos de los legisladores.
En la Asamblea Legislativa, la noticia sobre la próxima elección del vocero genera diferentes expectativas en sintonía con la posición que tienen las bancadas sobre ciertos temas.
Así, por ejemplo, el congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, sostuvo que espera un vocero con capacidad de diálogo.
“Debe ser una persona preparada y con mentalidad abierta, que pueda escuchar la posición de los diputados”, agregó el verdiblanco.
Por otra parte, el legislador del evangélico Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, fue más cauto y explicó que la posición de la Iglesia debe ser planteada por un vocero que sea consecuente con su discurso.
Apartado. La medida cautelar contra Víquez implica, además de quitarle su representación ante los diputados, la suspensión de sus labores pastorales, mientras se realiza una investigación en torno a la conducta del cura y filósofo de 51 años.
El sacerdote, quien se desempeñaba también como director del Instituto Costarricense de Teología Pastoral, reconoció, en una entrevista con La Nación, haber sostenido relaciones amistosas con gais y no negó los testimonios que lo vinculan a flirteos eróticos con otros hombres.
Además, aseguró que en la Iglesia católica existe un conocimiento sobre la cantidad de curas homosexuales y que esta condición no se considera pecado.
A la fecha, el sacerdote solo se ha referido a su caso en su perfil de la red social Facebook, el propio 30 de marzo.
En una publicación en su perfil, Víquez comentó que continuará con su función sacerdotal y apeló a la misericordia.