Tribunal reconoce que existen grises en legislación y que se requieren reformas

Por: Natasha Cambronero 19 septiembre, 2016
El ICD ha detectado indicios de posibles estructuras paralelas para financiar campañas sin los controles de fiscalización del TSE.
El ICD ha detectado indicios de posibles estructuras paralelas para financiar campañas sin los controles de fiscalización del TSE.

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) catalogó las campañas electorales como una actividad vulnerable al lavado de dinero.

Así lo consignó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de esa entidad, en una resolución en la cual le comunica al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la necesidad de implementar “acciones” para prevenir la legitimación de capitales en el financiamiento de los partidos políticos.

En ese documento se le indica al TSE que coordine con esa unidad el intercambio de información de donantes, prestamistas, proveedores y compradores de bonos de deuda política, en aras de prevenir y detectar si se usa dinero del tráfico de drogas o de otra actividad ilícita.

“Se podrían abrir puertas para que el crimen organizado infiltre las finanzas de los grupos políticos y, mediante la ocupación de puestos de poder, desmejorar controles y entorpecer legislación, entre otras lesiones nefastas para un Estado de derecho y democrático”, señala el documento UIF-02-2016, del 7 de junio del 2016.

Dicha resolución fue avalada un mes después por el Consejo Directivo del ICD, cuya jerarca es la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.

En ese pronunciamiento se citan “tramas financieras irregulares y prácticas riesgosas”, que encendieron las luces de alerta en el ICD. Estas situaciones han ocurrido debido a varios vacíos legales detectados por esa entidad y el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.

Allí se menciona, por ejemplo, el hecho de que algunas agrupaciones en el pasado hayan simulado o inflado gastos para cobrar recursos de la contribución estatal al Tribunal, al tiempo que se alerta sobre donaciones encubiertas mediante la compra de bonos de deuda política con escasa posibilidad de cobrar y el uso de sumas importantes de dinero en efectivo para sufragar gastos electorales.

También, se han detectado indicios de posibles estructuras paralelas para financiar campañas sin los controles de fiscalización del TSE, las donaciones de personas sin solvencia económica y la creación de círculos de confianza y con algún grado de parentesco en las cúpulas de los partidos.

Estrategia nacional. El director del ICD, Guillermo Araya, dijo a que la resolución es preventiva y parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, aprobada por el presidente Luis Guillermo Solís, en agosto del 2015.

“En esa resolución se indica lo que ellos (el TSE) tienen que hacer para la regulación del financiamiento de los partidos políticos (...). Ya es competencia del Tribunal definir cuál estrategia asumirá para poder cumplir con esas recomendaciones, si lo va hacer con circulares, directrices, reglamentos o un proyecto de ley”, agregó el jerarca del ICD.

El director del Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández, asegura que desde hace años existe esta preocupación y, que por ello, se promovieron las reformas al Código Electoral de los años 1996 y 2009.

Sin embargo, reconoce que todavía existen algunos vacíos legales que deben ser llenados.

Cambios. Para Héctor Fernández, son necesarias reformas legales para establecer controles en las precampañas y determinar cómo se financian, pues en la actualidad no tienen ningún tipo de fiscalización.

También, considera que se deben eliminar las donaciones encubiertas mediante la compra de bonos de deuda y buscar mecanismos de monitoreo y supervisión para evitar estructuras paralelas de financiación de gastos.

“Todavía existe el riesgo de que los partidos se financien con dineros de dudosa procedencia, con capitales indeseables por los vínculos que pueden tener en la política nacional (...). Hay una serie de aspectos que nos cuesta controlar mucho, hablo de minimizar, porque sería ilusorio pensar que lo llevamos a cero”, expresó Fernández.

Añadió que negocian una resolución con el ICD para establecer que los acuerdos de ese instituto sean vinculantes para el Tribunal Supremo de Elecciones

En contra. Paulina Ramírez, Anthony Cascante y Carlos Herrera, tesoreros de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Movimiento Libertario, respectivamente, se oponen a la creación de más controles del TSE sobre el financiamiento político-electoral.

Coinciden en que en la actualidad es difícil conseguir financiamiento, por lo riguroso que es el sistema de fiscalización.

"Mi opinión personal y no representa posición oficial del Partido, es que efectivamente el esquema actual de financiamiento de partidos políticos es vulnerable a la legitimación de capitales y la intromisión de dineros ilícitos. No es con más controles como se puede evitar o reducir ese riesgo. Para reducir ese riesgo se debe cambiar el esquema actual, en donde para tener acceso a los recursos de la deuda política, los partidos deben buscar primero financiamiento privado, mi sugerencia es por un sistema mixto, con financiamiento estatal adelantado pero con rigurosos controles sobre como se gasta ese dinero", expresó Cascante.