Por: Esteban Mata Blanco 9 febrero, 2015
GRACIELA SOLÍS
GRACIELA SOLÍS

Luego de 18 años como jefe de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, Hugo Cascante se enfrenta con una situación única en su paso por la gestión pública: pedir a la Fiscalía General de la República que se le incluya en el programa de protección a víctimas y testigos.

Cascante asegura que su negativa a aprobar nombramientos a contrapelo de la ley, le han generado enfrentamientos con los tres diputados integrantes del actual Directorio, por lo cual se ha ganado la apertura de tres procesos disciplinarios, que podrían terminar con su carrera en la Asamblea.

Entre esas negativas, destacan el nombramiento de la presidenta del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) en una plaza profesional sin concurso (que es la causa de la investigación por peculado que abrió la Fiscalía) o la firma del ascenso de la exdiputada Gloria Valerín, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC,) para que llegue al puesto de directora de la División Legislativa del Congreso, o bien, nombrar a Juan Carlos Chavarría, el expresidente de elecciones internas del PUSC, como jefe del nuevo Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea.

Cascante habló sobre su situación, los nombramientos, la participación de Valerín en la toma de decisiones y su pedido de ayuda a la Fiscalía.

¿Por qué le solicitó protección a la Fiscalía?

Yo le pedí a la Fiscalía que analizara la posibilidad de que se me diera algún tipo de protección, porque yo sí he considerado que ha habido una presión muy fuerte hacia mí.

Se refiere a los procedimientos disciplinarios por ir en contra de los nombramientos. En estos 18 años, ¿cuántos procesos se le han abierto?

En este momento se ha ordenado la apertura de tres procedimientos disciplinarios en mi contra porque consideran que los he desobedecido. Curiosamente, la única sanción que consta en mi expediente es porque doña Gloria Valerín, siendo miembro del Directorio (2003), me ordenó la apertura de un expediente, por supuestamente, atrasar nombramientos.

¿A usted nunca le habían abierto más de un proceso?

No, no. Es más, según me dicen conocedores en la materia, si en los tres procesos me sancionan, eso da pie para que se eleve una solicitud de despido ante el Servicio Civil. No quisiera entender que eso es lo que pretenden.

¿Cuándo abren los procesos disciplinarios en su contra?

En una misma sesión del Directorio (no da fecha). Incluso, crearon un órgano especial para llevar los casos. Ese órgano está compuesto por tres personas: dos son funcionarias de doña Gloria Valerín y la tercera trabajó con ella en Servicios Técnicos.

¿Gloria Valerín? Usted me acaba de decir que ella fue quien le abrió un proceso por nombramientos también en el 2003.

Sí señor, siendo ella miembro del Directorio de la Asamblea.

¿La misma que asesora en temas legales al Directorio?

Sí, así es.

¿Qué tipo de ayuda espera ahora del Ministerio Público?

No sé, desconozco, pero me dicen que el hecho de que esté como testigo por el caso de doña Kattia Martin, me podrían ayudar, pero eso es algo que va a decidir el Ministerio Público.

Sobre ese caso, usted dijo que no se hizo un estudio para abrir la plaza para Martin, ¿mantiene ese criterio?

Soy consciente de que el artículo 25 del Reglamento (de la Asamblea Legislativa) le da potestades al Directorio para asignar plazas y transformarlas, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las necesidades de la Administración, pero no se hizo un estudio para ver dónde se van a requerir esos servicios. A mí lo único que me llegó fue el acuerdo del nombramiento.

¿Contra el criterio técnico?

Sí. En estos casos, como cabe la posibilidad de cometer un error, lo que procede es que el Directorio le consulte a la asesoría legal.

El Directorio legislativo es un órgano político, ¿no es lógico que haga nombramientos con criterios políticos?

Es una tradición del Directorio tomar los acuerdos justificando legalmente el acto. Porque el Directorio no está obligado a acatar lo que yo diga. Bajo el deber de obediencia y tomando en cuenta de que no había consecuencias legales para mí, firmé (el nombramiento de Martin). Yo entiendo que se le ha dado mayor trascendencia al caso de la señora Martin, tal vez por su condición de presidenta de un partido político, porque hay otros casos que presentan anomalías y no se le ha dado la misma dimensión; por ejemplo, el nombramiento de don Juan Carlos Chavarría (expresidente del tribunal de elecciones internas del PUSC) al frente de la oficina de Participación Ciudadana.

¿También se opuso al ascenso de Gloria Valerín de directora de Servicios Técnicos a directora de la División Legislativa?

Sí, porque el Directorio, inicialmente, me solicitó iniciar el proceso de apertura de concurso; sin embargo, luego cambiaron de criterio para que el nombramiento fuera por ascenso directo.

¿Usted se negó a firmar el nombramiento?

Yo no lo firmé; la última decisión que tomaron fue que yo le diera los documentos a don Pedro Solano, mi superior, para que él los firmara.

¿Lo querían obligar a firmar ascensos y nombramientos que considera improcedentes?

Pues sí, los acuerdos lo que dicen es que me dan tres días para emitir la acción de personal.

¿La Fiscalía lo ha contactado de nuevo desde su comparecencia en diciembre?

Me han dicho que de nuevo quieren hablar conmigo.