Por: Natasha Cambronero 3 julio
Los dos aspirantes presidenciales del PAC, Carlos Alvarado y Welmer Ramos, durante el acto de ratificación de sus precandidaturas.
Los dos aspirantes presidenciales del PAC, Carlos Alvarado y Welmer Ramos, durante el acto de ratificación de sus precandidaturas.

Un grupo de unos 150 militantes del PAC, que dice defender las raíces y los principios éticos del partido, anunció este lunes su apoyo al precandidato presidencial Welmer Ramos, de cara a la convención interna del próximo domingo.

Para el autodenominado grupo "Mi voto por los códigos de ética", el exministro de Economía es más claro y "contundente" que su contrincante, el exministro de Trabajo Carlos Alvarado, a la hora de denunciar y renococer "las violaciones a los códigos de ética", tanto en el gobierno de Luis Guillermo Solís, como en la fracción del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC)".

"El lenguaje evasivo y ambiguo de don Carlos dificulta su identificación con la defensa de nuestra propuesta ética, carta fundamental de nuestro partido. Tras este ejercicio anunciamos que nuestro voto será para don Wélmer Ramos por su claridad y abordaje de los temas", reza el comunicado enviado por ese grupo.

Inicialmente, el grupo estuvo encabezado por los exdiputados Sadie Bravo (2006-2007) y Manrique Oviedo (2010-2014), ambos cercanos al legislador y fundador del PAC, Ottón Solís. Sin embargo, hoy día ellos ocupan cargos a lo interno del partido y están inhibidos para hacer pronunciamientos públicos sobre alguno de los dos precandidatos. En el pasado ese grupo se llamó PAC-PAC.

Esos militantes llegaron a esa conclusión luego de pedirle a los dos precandidatos que se pronunciaran sobre presuntas faltas éticas cometidas por jerarcas del actual gobierno y de la fracción oficialista.

"Mientras don Welmer muestra carácter para denunciar y enfrentar violaciones a nuestros códigos de ética, independientemente de si se trata de violaciones del propio partido, don Carlos, contrariamente, elude o justifica algunos de los hechos serios, excepto del relacionado con la embajadora, que abusó de recursos públicos y a los ocurridos en la Asamblea Legislativa en el 2014", añade el pronunciamiento del grupo PAC-PAC.

Tanto Carlos Alvarado como Welmer Ramos fueron parte del gabinete de Luis Guillermo Solís. Alvarado primero como presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y posteriormente como ministro de Trabajo. Ramos se desempeñó solo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Más logros que yerros. En una nota enviada el 1.° de julio al grupo, Carlos Alvarado se mostró en contra de "la negociación de plazas vacantes" que se hicieron en el 2014 para la elección del diputado Henry Mora, del PAC, como presidente del Congreso.

A la vez, cuestionó la designación Zaida Zúñiga como embajadora en República Dominicana, a pesar de que tenía una pensión por invalidez. Zúñiga es la mamá de la jefa de despacho del canciller Manuel González y fue relevada del cargo hace un año.

En cuanto a supuestas faltas éticas en la bancada oficialista, Alvarado dijo que no es la primera vez que se hacen cuestionamientos y que ese es un debate que se mantiene en la agrupación desde el 2002, cuando se conformó la primera fracción del PAC.

También salió en defensa de Víctor Morales Mora y Harold Villegas, quienes debieron renunciar a sus cargos de ministro y viceministro de Trabajo, respectivamente. El primero dimitió por el nombramiento de una sobrina en el Ministerio y el segundo por una fiesta en el edificio cooperativo.

"En diversas situaciones, miembros del gabinete asumieron posiciones de manera responsable anteponiendo la credibilidad del Gobierno del PAC a sus nombramientos e intereses personales. Tal fue el caso de Víctor Morales, un excelente ministro de Trabajo, quién me antecedió en la cartera o Harold Villegas, un decidido defensor del diálogo social", precisó.

Alvarado, además, defendió el actuar del gobierno de Solís y le bajó el tono al pago de sobresueldos, por el incentivo de prohibición, a varios jerarcas.

"El Ejecutivo actuó con contundencia y se tomaron acciones inmediatas que incluso implicaron el despido de funcionarios y funcionarias. En este sentido, se priorizó proteger el activo ético del partido, antes que persistiera la duda. Sin embargo, es lamentable que el Partido no haya atendido esta situación a partir de la reflexión y el debate respetuoso, dado que este hecho derivó en divisiones y rencillas, esas que estamos intentando hoy sanar.

"Otras situaciones que han estado en el debate público corresponden a errores administrativos que implicaron sobrepagos a algunos jerarcas. En estos casos, he dicho que la toma de decisiones no fue oportuna, y se tardó en indagar las causas, tomar acciones en relación con los responsables y corregir para que no volviera a repetirse. Tengo que reconocer que las compañeras y compañeros de gabinete que enfrentaron esta situación han actuado consecuentemente, devolviendo el dinero y poniendo en orden sus departamentos de recursos humanos; sin embargo, un accionar más ágil hubiera cerrado definitivamente el tema", consignó Alvarado en la nota.

Y agregó: "En cuanto a mi lealtad, esta es primero con Costa Rica, luego con mis convicciones, luego con el partido y el gobierno. En mi balance interno siempre fueron mucho mayores las causas, los logros y el comportamiento ético que los yerros, y de ahí mi participación decidida en el gobierno hasta que renuncié para luchar por un segundo gobierno PAC necesario".

Seis faltas. Ramos, por su parte, el 28 de junio señaló seis violaciones a los códigos partidarios que en su criterio, deben ser tramitadas y falladas en el Tribunal de Ética rojiamarillo. En específico cuestionó:

-El memorándum redactado por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso en el cual sugerían utilizar recursos públicos con fines electorales, de previo a los comicios municipales del 2016.

-Los salarios en los ministerios, viceministerios y de otros funcionarios públicos.

-El gasto creciente en publicidad del gobierno en el año 2016.

-Los nombramientos en la Asamblea Legislativa de asesores en plazas interinas del Congreso.

-El uso de autos legislativos.

-El nombramiento de una embajadora pensionada por invalidez.