El Poder Ejecutivo obtuvo anoche luz verde de los diputados para sumar gastos al presupuesto de este año, luego de que se aprobó un proyecto adicional de egresos.
Un total de 25 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), sus aliados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y Justo Orozco (Renovación Costarricense), aprobaron en primer debate la iniciativa. La mayor parte del monto, ¢64.426 millones, será financiada con una colocación de bonos.
En contra votaron 15 legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Frente Amplio.
Entre los gastos que se financiarán hay ¢21.000 millones para crear un fideicomiso cafetalero con el fin de combatir la roya. También se prevén ¢28.000 millones para diversos proyectos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Deudas de los Juegos. Pese a que la oposición intentó quitarle ¢5.500 millones al plan de reestructuración del Consejo Nacional de Producción (CNP), para fortalecer el programa de abastecimiento institucional, el PLN se valió de sus aliados para revertir la intención
Con ello, los verdiblancos dejaron en firme una moción para pagarle al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) las deudas que no pudo cumplir la Asociación Comité Organizador de los X Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013.
Siany Villalobos, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, presentó la moción para cubrir esa deuda por ¢226 millones, luego de que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República le negaran al presidente del comité organizador, Johnny Araya, un presupuesto extraordinario.
Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), denunció que la intención del PLN es que el Estado pague las deudas por supuestos gastos en exceso contraídos por Johnny Araya y el diputado Óscar Alfaro.
Por mandato reglamentario, el presupuesto extraordinario deberá estar aprobado mañana. Los jefes de fracción, para cumplir con ese mandato, acordaron sesionar por la mañana, para darle segundo debate a la iniciativa de ley.
El plan de gastos extraordinarios del Gobierno destina ¢4.200 millones para repartir entre las municipalidades del país que presentaron proyectos para atender varias de sus necesidades.
El reparto de este dinero generó críticas en Walter Céspedes, del PUSC, y Yolanda Acuña, del PAC, pues reclamaron que no hubo criterios apropiados para la distribución a través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).