Por medio del presidente y del canciller, el Gobierno se desmarcó ayer de las opiniones emitidas por el embajador costarricense en Caracas, Federico Picado Gómez, sobre la política interna venezolana.
Alrededor de las 11:30 a. m., el mandatario Luis Guillermo Solís respondió a la prensa que “las declaraciones del señor embajador no reflejan el punto de vista oficial del Gobierno, el cual se ha expresado en la figura del señor canciller”.
Hora y media después, el jefe de la diplomacia costarricense, Manuel González, afirmó, en un comunicado de prensa, que las manifestaciones de Picado fueron “inconsultas” y no contaron con el aval del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La reacción de ambos jerarcas se debe a lo dicho por Picado en una entrevista publicada por La Nación el domingo anterior.
El diplomático apoyó los superpoderes que la Asamblea Nacional de Venezuela le dio al mandatario chavista, Nicolás Maduro, por solicitud del propio gobernante para crear leyes por decreto durante nueve meses .
“El presidente Nicolás Maduro, en mi opinión, y guardando los términos de proporcionalidad frente a la gravedad de la declaración emitida por (Barack) Obama, debe estar investido de capacidades extraordinarias”, afirmó.
Lo manifestó en referencia a la decisión de Obama de calificar la situación en Venezuela como una “amenaza” a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, al tiempo que suspendió visas y congeló bienes de siete funcionarios policiales y militares venezolanos por considerar que violaron derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes el año pasado.
Picado también dijo que los desabastecimientos de productos en el país suramericano se deben, en parte, a esfuerzos del “gran comercio” por desestabilizar al gobierno de Maduro, y que en esa nación la prensa tiene “libre tránsito”.
Añadió que en el pasado reciente algunos medios pasaron a una actitud “subversiva” contra el orden constitucional.
Investigación. Tanto el presidente Solís como el canciller informaron de que Relaciones Exteriores abrió una investigación sobre las declaraciones del embajador, para lo cual le pedirán las preguntas que se le plantearon y las respuestas que él envió.
“El señor canciller tiene esto como parte del trabajo que resolverá en las próximas horas y será, una vez que termine esa investigación, que se tomará una decisión”, explicó Solís.
“Los embajadores, me consta, reciben instrucción de la Cancillería antes de asumir sus cargos, de que deben de ser cuidadosos al dar declaraciones porque pueden producir, lo que se ha producido ya en varias ocasiones, malos entendidos y que se asuman como oficiales declaraciones que no lo son”, agregó el presidente.
Apenas el jueves, González expuso la posición nacional sobre el conflicto Caracas-Washington en la Organización de Estados Americanos (OEA) .
Allí, además de respaldar el papel de ese foro, resaltó la importancia de que en Venezuela se ejerzan “los equilibrios democráticos de poder” y que la oposición pueda desarrollar sus acciones en el marco de la legalidad.
Ayer, ante las opiniones de Picado, el canciller reafirmó que Costa Rica promueve la paz, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión, la libertad económica y el derecho internacional, como principios irrenunciables.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto no tiene compromiso alguno con ningún país o régimen en particular cuando se trate del respeto de los derechos humanos y la libertad de prensa”, enfatizó González.
Piden salida. En el Congreso, diputados como Sandra Piszk (Liberación Nacional) y Mario Redondo (Alianza Demócrata Cristiana), instaron al Gobierno a destituir a Picado por emitir opiniones personales sobre la política de un país, como lo prohíbe el Estatuto del Servicio Exterior.
Patricia Mora, del Frente Amplio, salió en defensa de Picado y dijo que había intolerancia política: “Me parece que son declaraciones objetivas; él esta viviendo lo que está pasando en ese país”.
Semanas atrás, el Gobierno destituyó a los embajadores en Bolivia y Corea del Sur por opinar sobre el caso de la procuradora general, Ana Lorena Brenes.