Administración Solís admite que no verá terminada en su periodo la ampliación de la ruta al occidente del Valle Central

Por: Gerardo Ruiz R. 18 octubre, 2016
Carlos Villalta (segundo de izq. a der.) participó en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, para aclara que su viceministra opinó por ella y no por el Gobierno al criticar la anulación de la concesión de la vía San José-San Ramón. Acompañan a Villalta el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, la segunda vicepresidenta, Ana Helena Chacón, el ministro de Desarrollo Humano, Emilio Arias, y el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora (en el orden usual).
Carlos Villalta (segundo de izq. a der.) participó en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, para aclara que su viceministra opinó por ella y no por el Gobierno al criticar la anulación de la concesión de la vía San José-San Ramón. Acompañan a Villalta el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, la segunda vicepresidenta, Ana Helena Chacón, el ministro de Desarrollo Humano, Emilio Arias, y el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora (en el orden usual).

Casa Presidencial

Sin que nadie le preguntara por el tema, el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villalta, tomó la palabra este martes, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, para desmarcar al gobierno de Luis Guillermo Solís de las declaraciones de su viceministra, Giselle Alfaro, quien criticó la anulación del contrato de concesión de la carretera San José-San Ramón.

Con hablar pausado pero firme, Villalta sacó a flote una nueva contradicción dentro de la administración Solís.

Según Villalta, la viceministra de Obras Públicas y Concesiones habló por ella, y no por el ministerio o por el Poder Ejecutivo, cuando afirmó que el país se equivocó al anular la concesión que ampliaría un tramo de casi 60 kilómetros en la principal carretera nacional.

"Hubo unas declaraciones personales de la viceministra Giselle Alfaro. Ante eso, lo que quiero decir es que fueron opiniones totalmente personales, que no son necesariamente las compartidas ni por este ministro ni por el Gobierno de la República", subrayó.

Fue el 11 de octubre cuando la viceministra afirmó al programa Diálogos de La Nación y al diario La República, que se cometió un error al echar por tierra la concesión que se otorgó a la empresa brasileña OAS. Fue en abril del 2013 cuando la entonces presidenta, Laura Chinchilla, anunció el final del contrato por la presión liderada por diversas organizaciones sociales del occidente de Alajuela, que objetaban los precios de los peajes (¢4.000 ida y vuelta).

Para acabar con el contrato, el Estado tuvo que indemnizar al concesionario con el pago de $35 millones.

Para Alfaro, ese hecho provocó que el país perdiera tiempo valioso para la ejecución del plan vial. Además, declaró que el costo de los peajes, bajo la figura del fideicomiso bancario que impulsa este gobierno, será parecido al que se había calculado bajo el esquema de concesión.

"(Los comentarios sobre la anulación de la concesión) son una consideración personal que hubo un error en haber prescindido de la concesión e ir a una nueva figura que es el fideicomiso. Ese es un comentario personal. Es una expresión o una forma de pensar de que va a tener un costo similar (el precio de los peajes), pero no lo puede uno precisar, pues va a depender del costo total del proyecto y de la corrida o resultado que va a dar el modelo tarifario", enfatizó Villalta.

Contrario a Alfaro, el ministro afirmó que él vio el final de la concesión como una oportunidad para "subirle el nivel" a la discusión sobre la carretera.

"(El fideicomiso) es una condición que no podemos dejar de alabar y de sacarle a esto algún provecho", estimó.

En lo que sí coincidió el jerarca con su viceministra de Concesiones es en que difícilmente este Gobierno vaya a dejar finalizado el proyecto de ampliación de la autopista más transitada del país.

"No tenemos una bola mágica para poder decir cuándo será la fecha de inicio de la obra, eso es evidente, igualmente lo es que esta administración no va a poder concluir la obra, eso también es evidente pues el plazo de construcción no será de menos de 24 meses una vez que se dé la orden de inicio", recalcó el ministro.

Aun así, Villalta dijo que la expectativa del Poder Ejecutivo es arrancar con las obras de ampliación en algún momento del 2017.

La Contraloría General de la República todavía no ha dado el refrendo al contrato de fideicomiso para financiar el proyecto, en el que el Instituto Nacional de Seguros (INS) invertiría unos $21,5 millones.