El Poder Ejecutivo estudia las vías legales para pagar los salarios de seis asesores legislativos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Así lo confirmaron la jefa de fracción del PAC, Emilia Molina, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora.
Molina aseguró que ella trabaja fuertemente, junto con el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, para nombrar a las seis personas en plazas que pertenecen a varios ministerios y, luego, hacer traslado horizontal (con el mismo salario) a los despachos de legisladores socialcristianos.
La diputada confirmó que, puesto que se trata de nombramientos en entidades ministeriales, serían estas las que asuman el costo presupuestario del respectivo sueldo.
Además, Molina explicó que al principio se nombraría a tres de los seis asesores, pero la intención es colocar a las seis personas.
Actualmente, esos asesores reciben salarios del Congreso, gracias a que el Partido Acción Ciudadana (PAC) les prestó a sus aliados de la Unidad, desde junio, seis puestos que en principio no usaría.
Ese préstamo generó una fuerte polémica dentro de la fracción oficialista, al punto que la bancada acordó exigirle a Emilia Molina que pidiera las plazas de regreso.
Ese choque entre congresistas tiene a Molina corriendo para que el Gobierno le pueda suplir las plazas de asesores al PUSC.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, señaló que los traslados horizontales de asesores son muy frecuentes en el Congreso.
El jerarca dijo que el proceso está frenado porque la asesoría legal de la Casa Presidencial estudia las opciones para el préstamo.
Despilfarro. El fundador y diputado del PAC, Ottón Solís, ha tildado de despilfarro el préstamo de los puestos ociosos de su partido a otra agrupación.
Incluso, Solís pidió a la comisión política rojiamarilla ordenar la apertura de un proceso en el Tribunal de Ética contra Molina pues cree que el préstamo de asesores fue parte de la negociación para que Acción Ciudadana se dejara el control de la Asamblea.
Ante la estrategia del Gobierno, Ottón Solís insistió en que los errores vienen desde la negociación de Molina con el PUSC para prestar los puestos.
Solís afirmó que desconoce qué le debe su partido o el Gobierno a la Unidad para tratar de asegurarle sus consejeros.
“El PAC declama austeridad en materia de asesores, que se debe aplicar en público y en privado. Hay que ser coherente”, dijo.
Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestiona la legalidad de la estrategia pues, si bien él mismo ha solicitado traslados de funcionarios de otras entidades, dice que podría no ser legal que se pida lo mismo con una plaza vacía.
La subjefa del PUSC, Rosibel Ramos, aseguró que no es despilfarro que el Gobierno le pague los asesores a su partido.
La legisladora insistió en que las conversaciones entre ambos partidos no tienen relación con el apoyo socialcristiano a la fórmula que ganó los puestos del Directorio legislativo, el 1.º de mayo.
“No negociamos nada que no sea para trabajo de las comunidades. Nos faltaban economistas, abogados constitucionalistas, más asesoría”, dijo.
Ramos añadió que la negociación para esas plazas la maneja el jefe del PUSC, Rafael Ortiz, con Melvin Jiménez.