Fiscalía les imputó por supuesto cobro de facturas falsas; ICE alega que no había impedimento para contratarlas

Por: Natasha Cambronero 23 noviembre

Cuatro empresas acusadas por la Fiscalía General, por el caso de la trocha fronteriza, fueron contratadas por el Gobierno para desarrollar obras del plan de reconstrucción tras el paso del huracán Otto.

08/06/2017. Trabajos de limpieza y canalización del río Cuipilapa y la quebrada Herrumbre en Bagaces, de Guanacaste, en junio pasado. Fotografía: Cortesía de Presidencia
08/06/2017. Trabajos de limpieza y canalización del río Cuipilapa y la quebrada Herrumbre en Bagaces, de Guanacaste, en junio pasado. Fotografía: Cortesía de Presidencia

El ICE, institución a la que Casa Presidencial le encargó la recuperación de caminos y puentes, así como la limpieza de cauces, escogió a estas constructoras mediante contrataciones expeditas, sin cumplir con las normas tradicionales de la contratación con el Estado.

Se trata de las sociedades Dinaju, Excavaciones Also, Constructora San Carlos y Hermanos Herrera Barrantes Constructora, a las cuales el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) les ha pagado ¢412 millones.

El monto equivale a un 23% de los ¢1.790 millones invertidos en alquiler de excavadoras, vagonetas y tractores entre abril y octubre del 2017.

Así se constató luego de cotejar la lista de los 58 proveedores contratados por el ICE en las labores de reconstrucción con las 25 empresas demandadas civilmente por la Fiscalía bajo el argumento de que, en apariencia, cobraron facturas falsas de alquiler de maquinaria en la construcción de la ruta 1856-Juan Mora Porras.

A su vez, los representantes de estas cuatro compañías están acusados penalmente.

El ICE desarrolla 43 obras de reconstrucción en los cantones de Upala, Corredores, Bagaces, La Cruz y Pococí, producto de un convenio que firmó con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

La lista proveedores por Otto fue suministrada por el presidente del Instituto, Carlos Obregón, al diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, el pasado 11 de noviembre y contiene datos con corte al 30 de octubre.

"Estos trabajos no se catalogan como servicios de contratación administrativa en la forma tradicional que normalmente se conoce", le escribió Obregón al legislador, el cual criticó el mecanismo utilizado.

“Este tipo de convenios entre instituciones públicos es un mecanismo perverso. Se permite que se subcontrate servicios de forma expedita y brincándose todos los controles que estable la Ley de Contratación Administrativa”, expresó Redondo.

El ICE, por su parte, sostuvo que no existía ningún impedimento legal para contratar a las compañías acusadas por la trocha.

"El proceso de contratación se rige bajo principios de legalidad y de acuerdo con la normativa que rige la materia, solo el oferente que esté cubierto por alguna causal de prohibición de contratar con la Administración, o bien se encuentre inhabilitado por una Autoridad competente, tiene impedimento para participar en los procedimientos de contratación administrativa", contestó la oficina de Prensa.

Por su parte, la Contraloría General de la República informó de que no existen procedimientos de prohibición para contratar a estas empresas porque no se ha auditado su situación.

La trocha era un camino que se iba a extender a lo largo de 160 kilómetros en forma paralela a la frontera con Nicaragua. El Ministerio Público estima que tuvo un costo superior a los ¢20.000 millones y que el perjuicio económico para el Estado fue de ¢1.234 millones.

Al tiempo que las empresas figuran como demandadas civiles, el Ministerio Público acusó penalmente a 26 personas, entre quienes figuran tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), dos particulares que fingieron ser supervisores de las obras, y 21 empresarios contratados para efectuar los trabajos. Además, un esposo, una esposa y una hija de los implicados también fueron demandados civilmente.

El Ministerio Público les atribuye a los acusados los supuestos delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.

Trabajos de limpieza y canalización del río Cuipilapa y la quebrada Herrumbre en Bagaces, Guanacaste. Fotografía: Cortesía de Presidencia.
Trabajos de limpieza y canalización del río Cuipilapa y la quebrada Herrumbre en Bagaces, Guanacaste. Fotografía: Cortesía de Presidencia.
'Aquí hay una injusticia gigante y, si tienen que haber personas involucradas, yo diría que no somos los empresarios'

Dinaju es la tercera empresa que más ha facturado en la reconstrucción por Otto, por el alquiler de maquinaria. Por cuatro excavadoras cobró ¢164 millones. Esa maquinaria se utilizó en el dragado de los ríos Caño Seco, en Ciudad Neily, y Zapote, en Upala, así como en el quebrador Upala.

Los dueños de Dinaju, a su vez, son los propietarios de Constructora San Carlos, la cual obtuvo dos contratos por un total de ¢34 millones, es decir, que en conjunto ese consorcio recibió ¢198 millones.

El representante legal de ambas constructoras y quien figura como acusado por el caso de la trocha, Diego Arias, asegura que no hay razón para que ellos no puedan seguir ofrecieron servicios al Estado. Alega que todavía no se les ha declarado culpables y que, además, no cree que eso vaya a ocurrir.

Insiste en que sus compañías actuaron conforme a derecho en la trocha, que ellos solo acataban instrucciones de los ingenieros del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a cargo de las obras y que, con Dinaju y Constructora San Carlos, más bien ocurrió "una gran injusticia".

Afirma que el Conavi aún les adeuda entre ¢800 millones y ¢1.000 millones, y que solo recibieron entre ¢350 millones y ¢400 millones por alquiler de maquinarias entre octubre del 2011 y mayo del 2012.

"¿Pudieron haber personas que cometieron actos ilícitos? Yo no sé, a mí no me consta, yo no vi nada, yo no hice nada, pero puedo dar fe de lo mío, del trabajo que yo hice y de la calidad de trabajo que yo estaba haciendo".

"El Ministerio Público me está acusando porque soy uno de los empresarios que tengo facturas presentadas al Conavi. Pienso que tuvo que haber cosas anómalas y ahora pagan justos por pecadores, y hacen una barrida total, echan al saco todo lo que puedan echar a ver que pescan, para ver a quién agarran con las manos en la masa, eso tan claro como esto", dijo Arias.

Agregó que, a causa de la trocha, más bien casi quiebran empresas familiares y que quienes se dejaron el dinero no fueron los empresarios.

"Aquí hay una injusticia gigante y si tienen que haber personas involucradas, yo diría que no somos los empresarios. Decían que los empresarios le daban plata a los funcionarios públicos y que el funcionario público se hizo millonario, de mi parte, yo ni ¢5 le di a ningún funcionario público, solo les dí las gracias", expresó Diego Arias.

Por su parte, Excavaciones Also figura como el cuatro mayor proveedor de maquinaria para la reconstrucción por Otto, con facturas por ¢154 millones. Esa compañía le alquiló siete excavadoras y cuatro vagonetas al ICE. Trabajó por ejemplo, en el dragado del río Zapote, en Upala, y en el quebrador Upala.

El presidente de la compañía y quien también figura como acusado por la trocha, Eddy Soto, dijo que no se iba a referir a este proceso de contratación y su participación en el caso de la trocha.

En tanto, Hermanos Herrera Barrantes Constructora, por el alquiler de dos tractores, tres vagonetas y una retroexcavadora en la reconstrucción de Otto cobró facturas por poco más de ¢59 millones.

Este medio intentó obtener la reacción de los personeros de esa compañía, pero no respondieron el correo electrónico enviado.

Desde el escándalo por la trocha fronteriza, estas cuatro empresas han seguido obteniendo contratos con el Estado, especialmente en el Conavi y la CNE.

Del 2012 al 2017, en conjunto facturaron ¢3.626 millones, según datos de la Contraloría General de la República. Aunque el 90% lo facturó Dinaju.