Por: Natasha Cambronero 24 mayo, 2016
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descarta convocar, este año, un referendo revocatorio de su mandato.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, descarta convocar, este año, un referendo revocatorio de su mandato.

El gobierno de Luis Guillermo Solís agradeció “profundamente” este martes la solicitud que le hicieron siete expresidentes de la República, de promover una mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la crisis de Venezuela, pero evitó tomar una posición al respecto.

Ante una consulta de La Nación, el canciller a. i., Alejandro Solano, se limitó a decir que la actual administración tomará en consideración “el interés y preocupación” expresado por los exgobernantes.

Mediante dos cartas, ellos solicitaron a Casa Presidencial promover, a nivel regional, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo que utiliza la OEA en caso de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en alguno de sus Estados miembros.

La aplicación de esa herramienta implicaría que ese órgano regional intente solucionar el conflicto interno en Venezuela mediante el diálogo y la mediación pero, si no hay resultados, se podrían tomar sanciones como la suspensión de ese país de la OEA, en última instancia.

La primera nota fue suscrita por Laura Chinchilla, Óscar Arias, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y Luis Alberto Monge. Posteriormente, José María Figueres Olsen envió otra, plegándose al sentir de sus homólogos.

Moción de censura. Mediante un correo electrónico, el canciller a. i. también anunció una respuesta similar a los diputados que, sin el apoyo de las fracciones de Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio, aprobaron el lunes una moción para que la Asamblea Legislativa de Costa Rica rechace y censure las acciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, y para pedir la aplicación de la Carta Democrática.

“Esta Administración agradece profundamente y toma en consideración el interés y preocupación de la señora y los señores expresidentes, así como de los miembros de nuestra Asamblea Legislativa sobre este tema tan importante para nuestra región”, expresó Solano a La Nación, aunque minutos después hizo el mismo pronunciamiento en un comunicado de prensa que envió la Cancillería.

Agregó que el Gobierno se mantiene al tanto de los acontecimientos en Venezuela y que “actuará prudente y consecuentemente según las exigencias de las circunstancias”.

“El gobierno del presidente Solís Rivera siempre actuará guiado por los principios que respalden los procesos democráticos, el respeto al Estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, directo y secreto, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de poderes del Estado”, declaró el canciller a. i., luego de que la Casa Presidencial designara a la Cancillería como la única vocera para referirse al tema.

A diferencia de la oposición, el bloque PAC-FA impulsó otra moción que excluía la Carta Interamericana y en la que llamaban a rechazar la injerencia externa en la crisis venezolana. Estas fracciones pedían apoyar los canales de diálogo ya abiertos, como los de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Tanto los expresidentes como los legisladores de oposición consideran que una serie de medidas tomadas por Maduro en las últimas semanas, para neutralizar a la oposición, podrían poner en riesgo la democracia en Venezuela.

En particular, cuestionan que el gobierno venezolano restara poderes a la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, mediante fallos del Tribunal Supremo de Justicia de ese país suramericano.

Además, genera preocupación la decisión de Maduro de descartar la convocatoria de un referendo revocatorio sobre su mandato este año, al tiempo que anticipó que el Congreso dejará de funcionar en cualquier momento y que podría decretar un estado de conmoción interior, lo que implicaría la restricción de las libertades a los ciudadanos.