Viceministra de la Presidencia cuestiona eficacia de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; dice que existen pocos casos de sanciones

Por: Gerardo Ruiz R. 6 septiembre, 2016
La viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga, dijo que el proceso para recoger la visión ciudadana sobre qué es corrupción es necesario, entre otros aspectos, por los pocos resultados que ha dado la Ley contra la Corrupción y e Enriquecimiento Ilícito.
La viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga, dijo que el proceso para recoger la visión ciudadana sobre qué es corrupción es necesario, entre otros aspectos, por los pocos resultados que ha dado la Ley contra la Corrupción y e Enriquecimiento Ilícito.

Zapote

Con el fin de impulsar reformas, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís pretende que la ciudadanía le diga qué hechos considera como corrupción, pues estima que se imponen pocas sanciones bajo la ley actual.

El Ejecutivo consultará dónde golpea más la corrupción a las instituciones públicas y qué se podría hacer para erradicar esas prácticas.

Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, dijo este martes que las respuestas serán un insumo para que un panel de expertos cree una propuesta de normas y de reformas a la ley para persuadir a los funcionarios públicos a no incurrir en hechos de corrupción.

"Hemos decidido que es fundamental establecer una consulta ciudadana sobre aquellas acciones o actividades que ellos (los ciudadanos) consideran van en detrimento de sus derechos y que catalogan como corrupción", declaró Zúñiga. Añadió la idea es conocer "qué percibe la gente como corrupción, cuáles son aquellas actividades cotidianas en su diario vivir, en relación con las instituciones, que han ido en detrimento de sus derechos y que han sido prácticas corruptas".

Casa Presidencial anunció el lanzamiento de una consulta a la ciudadanía, a través de un cuestionario colgado en la página web de Gobierno Abierto, en el cual se le consultará a la gente si percibe más corrupción en el sector público o en el privado, y si las causas de esa corrupción son la falta de valores, la falta de educación, la falta de controles o la falta de leyes.

Después, se le pedirá a la gente que aclare cuáles tipos de corrupción son los más frecuentes y cómo califica la situación del país en cuanto a la prevención de la corrupción. También, se solicitará calificar qué tanto lo satisfacen los mecanismos de detección de la corrupción, así como ponerle una nota a las sanciones contra este mal.

Finalmente, el cuestionario solicitará a los participantes indicar cuáles reformas impulsaría, si pudiera, para detectar y prevenir la corrupción.

Cuestiona resultados de ley. La viceministra Zúñiga calificó como "fundamental" la consulta porque dijo que, usualmente, las normas anticorrupción las definen expertos, los diputados y las propias instituciones, sin que se contemple la opinión de los ciudadanos.

Respondió que "la gente exige y pide a gritos participación" cuando se le cuestionó si era oportuno que, a estas alturas el Gobierno se incline por hacer consultas.

También, puso en duda los resultados que ha dado la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.° 8422, vigente desde octubre del año 2004.

Los fines de esa legislación son "prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública". Sin embargo, Zúñiga consideró que en esa primera meta queda debiendo.

"De nada vale una ley que a final de cuentas no logre el objetivo final, que sus acciones no hayan logrado llegar a nadie. Si nos ponemos a analizar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el porcentaje de gente que ha sido procesada bajo esta ley ha sido mínimo y, en realidad, deberíamos pensar en cómo podemos actuar preventivamente para erradicar estas actividades y estas acciones que, al final de cuentas, afectan las finanzas públicas y el diario vivir de la ciudadanía", afirmó.

Agregó que, para este gobierno, carece de sentido impulsar reformas a la legislación anticorrupción sin antes entender cuáles son las prioridades y actividades que afectan a la gente.

En cuanto al proceso de consulta, las respuestas que brinde la gente, adelantó la viceministra, generarán decretos, directrices, modificaciones a reglamentos, o un proyecto de ley integral para llenar los vacíos de "diversas normas que no están siendo suficientes en el marco actual para poder atacar la corrupción".