Ejecutivo prevé ahorro de ¢22.000 millones con orden de no contratar personal

Por: Aarón Sequeira 16 julio, 2014

El gobierno de Luis Guillermo Solís emitió una directriz, el 14 de julio, que ordena a los ministerios e instituciones descentralizadas congelar 2.500 plazas para reducir los gastos del sector público.

La medida, según anunció ayer el viceministro de Egresos, José Francisco Pacheco, ahorraría ¢22.000 millones en un año y solo permitirá la contratación de un 15% de las plazas que esta Administración tiene vacantes. Son 500.

El presidente en ejercicio, Helio Fallas, dijo que se procura tener un efecto a corto plazo en desacelerar el déficit fiscal.

La segunda medida de la directriz ordena a los ministros y jerarcas del Gobierno recortar gastos superfluos; por ejemplo, transporte, viajes, comida, horas extras, publicidad, gastos de representación y remodelación de oficinas.

El Servicio Civil, el cual realiza contrataciones del Gobierno Central, vería limitado su margen de acción con la directriz presidencial. | MARCELA BERTOZZI
El Servicio Civil, el cual realiza contrataciones del Gobierno Central, vería limitado su margen de acción con la directriz presidencial. | MARCELA BERTOZZI

Pacheco explicó que esta parte de la indicación permitiría un ahorro de ¢20.000 millones en los gastos presupuestarios, igualmente en el plazo de un año, a julio del 2015.

El viceministro de Egresos señaló que esas propuestas se incluirán en el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario que se presentará ante el Congreso el 1.º de setiembre y detalla los ingresos y gastos del Gobierno para el próximo año.

Salarios congelados. La última parte de la medida contempla una orden para congelar los salarios de los altos jerarcas del sector público cuyo pago esté en manos del Gobierno Central, para consolidar un ahorro de al menos ¢670 millones.

La previsión del Ministerio de Hacienda es lograr un ahorro por acción directa de la directriz de por lo menos ¢42.000 millones.

Entre las recomendaciones de Solís, también está la de evitar la compra de vehículos discrecionales para los ministros y jerarcas, a menos que se deba hacer por daño del automóvil actual.

La indicación se complementa con la solicitud de información sobre alquileres de edificios y de equipos de cómputo que hizo el mandatario, para revisar posibles reducciones en dichos gastos.

José Francisco Pacheco explicó que, actualmente, el Estado paga ¢27.000 millones en alquileres de edificios y ¢10.000 millones por equipo de cómputo.

La fracción oficialista recibió la medida con satisfacción, mientras la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) asegura que las medidas son copia de las que planteó la expresidenta Laura Chinchilla. Según el diputado Antonio Álvarez, “son insuficientes”.