En octubre pasado venció prórroga del 2012 que impedía ejecutar desahucios

Por: Aarón Sequeira 1 enero, 2015
Tras un litigio de 18 años con el Estado, en julio del 2011, las autoridades cumplieron la orden judicial de demoler el hotel Las Palmas, en Punta Uva, cantón de Talamanca, propiedad del checo Jan Kalina y construido en zona protegida. Dos meses después, Kalina murió. | MARVIN CARAVACA
Tras un litigio de 18 años con el Estado, en julio del 2011, las autoridades cumplieron la orden judicial de demoler el hotel Las Palmas, en Punta Uva, cantón de Talamanca, propiedad del checo Jan Kalina y construido en zona protegida. Dos meses después, Kalina murió. | MARVIN CARAVACA

Con el fin de impedir desalojos masivos de habitantes en ciertas zonas calificadas como “especiales”, el Gobierno apoya un proyecto de ley del Movimiento Libertario que busca una moratoria para evitar desahucios.

Se trata del expediente legislativo 19.139, plan que impondría un freno por cuatro años a las órdenes de desalojo en contra de residentes de zonas costeras y de la milla fronteriza.

Según el jefe de los libertarios, Otto Guevara, la intención es darle, nuevamente, un espacio a la Asamblea Legislativa para estudiar varias iniciativas de ley que establecen regímenes especiales que permitan habitar en la costa y las fronteras.

Actualmente, miles de costarricenses residen en poblados costeros bajo el riesgo permanente de perder su hogar por habitar en tierras del Estado.

Sin embargo, en muchos casos, los pobladores de esas regiones han vivido allí por varias generaciones, por lo que desalojarlos generaría un problema social.

El pasado 16 de octubre, venció la última moratoria vigente, que había sido aprobada en setiembre del 2012 con el fin de evitar los desahucios.

Eso implica que, en este momento, una orden de desalojo debería ejecutarse de inmediato.

El último intento de autorizar una ley especial para la ocupación de tierras del Estado fracasó en la Sala Constitucional.

Aquella norma fue la ley para la titulación de tierras en la zona fronteriza, considerada inconstitucional por los magistrados porque no se basaba en estudios técnicos ni establecía el número exacto de beneficiarios.

Poco después de las 6 p. m., el diputado Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, reveló en entrevista con La Nación la verdadera razón de la renuncia de Ronal Vargas: una queja de acoso sexual de una asesora legislativa (imagen de archivo)
Poco después de las 6 p. m., el diputado Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, reveló en entrevista con La Nación la verdadera razón de la renuncia de Ronal Vargas: una queja de acoso sexual de una asesora legislativa (imagen de archivo)

Concesión. Guevara explicó que, ante el vencimiento de la moratoria, la Procuraduría y la Contraloría General de la República ya le advirtieron al Gobierno que debe recuperar los bienes de dominio público que están en posesión de individuos particulares.

“Con la sentencia en firme de la Sala Constitucional para recuperar esas tierras, la única solución posible es la concesión, en la que no se pierde el carácter demanial de los terrenos del Estado y se mantiene la posibilidad de que particulares los puedan explotar”, explicó el diputado libertario.

A pesar de que el Gobierno impulsa la iniciativa de la fracción de oposición, quiere hacerle varios cambios, dijo el viceministro de la Presidencia, Daniel Soley.

“Antes del levantamiento del veto (a la reforma procesal laboral) estuvimos promoviendo muchísimo ese tema. La jefa del PAC (Emilia Molina) incluso pidió la aprobación de la moción para dejar ampliada la moratoria, pero no se dio”, señaló el funcionario.

Soley añadió que esperan un ambiente positivo para que la moción pueda ser aprobada, una vez que los congresistas regresen de sus vacaciones.

El viceministro resaltó que, en el último día de labores del Congreso, el 19 de diciembre, Molina promovió un acuerdo para posponer otros asuntos y aprobar la moratoria en primer debate.

Sin embargo, el ambiente de descontento entre la oposición por la anulación presidencial del veto a la reforma laboral, afectó esa posibilidad.

El jefe del Frente Amplio, Gerardo Vargas, aseguró que el Gobierno no promovió adecuadamente la iniciativa en las reuniones de jefes de fracción en las últimas semanas.