Fuerte roce en Asamblea por gasto de ¢700 millones para liquidar empleados

Los legisladores de ese foro argumentaron que el proceso premiará, con el pago de 16 años de cesantía (el doble de lo establecido en la ley), a personal que está a punto de jubilarse.

“El 86% de esos 28 funcionarios tienen los años para pensionarse o les faltan dos años. En la función pública, la pensión es generosa y, tras de eso, se les quiere premiar. Así no resulta conveniente”, dijo Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Junto a él, aprobaron la moción Epsy Campbell, del PAC; Antonio Álvarez y Maureen Clarke, de Liberación Nacional (PLN), y Gerardo Vargas, del Frente Amplio. La solicitud será discutida el próximo lunes en el Plenario.

Por su parte, la cúpula del Congreso, integrada por Henry Mora y los socialcristianos Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, se comprometió a no avanzar con la movilidad laboral por ahora.

“Estamos preparados para defender el plan... Va a haber un lindo debate en la Asamblea Legislativa”, afirmó Rodríguez.

Desde octubre. Esta iniciativa para suprimir plazas fue aprobada en octubre por el Directorio, pero la Comisión de Asuntos Hacendarios se opuso a destinar ¢400 millones para financiarla.

No obstante, el presidente, Luis Guillermo Solís, y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, autorizaron una modificación al presupuesto de la Asamblea. Mediante un decreto que se publicaría esta semana, se varió el destino de ¢250 millones que estaban ociosos para que el Congreso disponga de ¢670 millones.

Para la movilidad, la Asamblea contaba con ¢420 millones de la partida de prestaciones, fondos de la asociación solidarista y dinero de la cooperativa.

En criterio de Antonio Álvarez, el procedimiento es ilegal. “Debe suspenderse indefinidamente; me parece que se está pagando muchísimo dinero a personas que ya se pueden jubilar”, manifestó.