Dos meses y medio de discusión para recortar el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el 2015 fracasaron ayer con el rechazo de las tres propuestas que pretendían moderar el plan de gastos del Gobierno para el próximo año.
Ni los reclamos de Liberación Nacional, ni los alegatos de Mario Redondo ni de Ottón Solís pudieron cambiar el hecho de que 25 diputados votaron en contra de reducir la iniciativa por ¢7,9 billones.
Ese grupo incluía a 10 congresistas del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), nueve del Frente Amplio, cuatro del Movimiento Libertario, uno de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y uno del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).
Los recortes sugeridos por el informe de mayoría incluían ¢97.000 millones en gastos directos, ¢100.000 millones en aplazamiento del pago de deuda y ¢100.000 millones en uso de superávits de instituciones.
Al ser las 7 p. m., el presidente del Directorio legislativo, Henry Mora, dio por agotada la discusión del informe de mayoría emitido por la Comisión de Asuntos Hacendarios, el cual tenía las firmas de ocho legisladores.
Por la composición del plenario en ese momento, el documento solo logró el apoyo de 23 congresistas, entre ellos 16 liberacionistas, cuatro socialcristianos, dos del PAC (Ottón Solís y Epsy Campbell) y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana.
La tensión. Una tensísima sesión del plenario, con solo 48 legisladores presentes, a veces 49, fue el escenario para la votación.
En el momento crucial de votar, faltaron nueve: Antonio Álvarez Desanti y Julio Rojas, del PLN; los socialcristianos Humberto Vargas, Gerardo Vargas y Luis Vásquez; Gonzalo Ramírez y Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense; Marco Redondo, del PAC, y Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional.
Los otros dos informes, ambos de minoría, tampoco tuvieron apoyo suficiente: el del Frente Amplio planteaba recortes por ¢40.000 millones y el de Marco Redondo, por ¢60.000 millones en gastos directos.
Aunque varios diputados estiman que el Ejecutivo ahora podrá contar con su plan por ¢7,9 billones, como lo había presentado desde el inicio, el liberacionista Rolando González cree que el expediente debe archivarse.
Pero, para Emilia Molina, jefa del PAC, el Gobierno nunca renunció a la eficiencia en el gasto. “Estamos contentos, al no aprobarse el informe, prima el proyecto original”, aseguró.