Ministerio Público dice que esperará decisión de TSE ante recurso de Vargas

Por: Esteban Oviedo 13 febrero, 2015
Ronal Vargas (izq.) en el plenario el jueves trasanterior cuando presentó la renuncia. A su lado, Edgardo Araya y Mario Redondo. | GRACIELA SOLÍS
Ronal Vargas (izq.) en el plenario el jueves trasanterior cuando presentó la renuncia. A su lado, Edgardo Araya y Mario Redondo. | GRACIELA SOLÍS

La Fiscalía General se abstiene de investigar las circunstancias en que renunció el exdiputado Ronal Vargas, el cual denunció verbalmente y por escrito que los líderes del Frente Amplio lo coaccionaron para que dimitiera a la curul.

Ante la consulta de si se indagaría este caso, el Ministerio Público respondió ayer que esperará a que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se pronuncie al respecto, porque ese es el órgano competente para investigarlo en la actualidad.

El martes pasado, Ronal Vargas presentó un recurso de amparo electoral ante los magistrados del TSE, en el cual alegó que tres dirigentes de su partido lo amenazaron con publicar fotos y mensajes de contenido explícito, relacionados con una queja por acoso sexual en su contra.

Añadió que hubo un vicio de consentimiento en la renuncia que presentó a las 11:55 a. m. del jueves 5 de febrero al TSE, pues estaba “ofuscado” por las presiones a las que fue sometido antes y no pudo discernir la trascendencia de lo que hacía.

Según su decir, las presiones vinieron de José María Villalta, Patricia Mora y Gerardo Vargas, excandidato, presidenta y jefe de fracción del Frente Amplio, quienes lo llamaron a una reunión para exigirle la renuncia porque una asesora se quejó de él.

Aseguró que le dijeron que sería terrible para sus hijas ver en la prensa “aquellas fotos que la denunciante les mostró” o leer los “mensajes obscenos”.

Ante una primera consulta, planteada anteayer, la Fiscalía respondió que no quería que se le utilizara en este caso: “Con la información que ha publicado la prensa nacional, procede el control político. Sin embargo, a nivel penal resulta insuficiente y muy superficial para determinar la existencia de un delito. Abrir una investigación de oficio en el Ministerio Público, en este momento, sería improcedente ya que podría prestarse para que la institución sea instrumentalizada”.

Argumentó, además, que la supuesta amenaza de publicar fotografías o mensajes, dada a conocer en la prensa, no era suficiente para empezar a investigar.

“De conformidad con el artículo 193 del Código Penal, para que se configure el delito de coacción, se requiere el uso de amenazas graves o violencias físicas o morales que fuercen o compelan al otro a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado”.

Después de la renuncia, Villalta resaltó que el diputado fue obligado a renunciar por el partido por un caso de acoso sexual.

Ahora, el excandidato afirma: “No hubo un acto de coacción. No hubo ninguna amenaza, siempre le dijimos que nos íbamos a apegar al procedimiento de la ley contra el hostigamiento sexual. Había evidencia tan grave y contundente, que le pedimos que reflexionara sobre el daño que les causaría a la Asamblea, al país, a su familia y a todo el mundo cuando ese caso saliera a la luz. Cuando le dijimos eso, dijo ‘sí, tengo que renunciar’. Hubo diálogo y un convencimiento”.

Para el abogado Juan Diego Castro, los fiscales tienen la obligación de investigar los hechos de los que tienen noticia y deben hacerlo si saben que un diputado dice que lo presionaron con publicarle información protegida por la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

Castro calificó de absurdo que se diga que no hay suficiente información, pues para tener más, hay que investigar. Agregó que el delito de coacción conlleva el uso de amenazas o violencias morales y quién puede decir si una persona no se siente “violentada moralmente” por la publicación de fotos explícitas.

A la vez, el abogado calificó de atroz que la Fiscalía alegue que no quiera ser instrumentalizada, pues nunca debe caer en esa condición. Colaboró Daniela Cerdas