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La Fiscalía General de la República incautó ayer cuatro computadoras del despacho del diputado y candidato presidencial de Renovación Costarricense, Justo Orozco, en medio de una investigación en su contra por la supuesta comisión del delito de peculado.
Desde la 1:30 p.m. y hasta cerca de las 6 p. m., un equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal general adjunto Carlos María Jiménez, se mantuvo en el despacho del legislador.
“Se está realizando en una causa que está en proceso. El acto en sí tiene el aval y una orden de la Sala III, ya que les solicitamos el allanamiento, que consiste en la búsqueda de elemento de prueba relacionados con los hechos”, dijo Jiménez a los medios presentes.
“Hay algunos elementos asociados con actividad notarial, que es parte de la investigación, que está en curso”, agregó el funcionario.
Los fiscales portaban consigo una orden de allanamiento autorizada por los magistrados de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
Este procedimiento se realiza así por tratarse de un miembro de los supremos poderes.
Las investigaciones en contra del congresista evangélico se iniciaron el 16 de agosto, luego de que un reportaje del noticiero del canal 7 revelara que el diputado llevaba a cabo matrimonios, divorcios y traspasos en su oficina del Congreso.
Utilizar las instalaciones del Congreso, le valió la apertura de la investigación al congresista.
Orozco comentó que no estaba al tanto del detalle de lo ocurrido en sus oficinas, pues se encontraba enfermo, pero dijo estar tranquilo, pues aseguró que no ha hecho nada en contra de la ley.
El parlamentario comentó que pedirá equipo informático prestado a la Asamblea Legislativa.
“Estamos colaborando. Yo no he hecho nada más que tratar de colaborar con el prójimo. No tenemos nada que ocultar”, agregó Orozco.
A la misma hora que los investigadores decomisaban las computadoras del despacho de Orozco, otro grupo del Ministerio Público realizaba una diligencia similar en el bufete de Orozco en Hatillo.
Estas gestiones se suman a las que realizó el fiscal general, Jorge Chavarría, cuando el 3 de setiembre ordenó el secuestro del protocolo de notario de Orozco.
Su problema con la ley no acaba allí. El Código Notarial establece una prohibición expresa de atender “asuntos profesionales de particulares en las oficinas de la Administración Pública, instituciones estatales descentralizadas o empresas públicas estructuradas como entidades privadas”.
Esta situación también le vale una investigación por la Dirección Nacional de Notariado.
