Por: Gerardo Ruiz R., Esteban Oviedo 19 octubre
Ricky González, fiscal adjunto de la Fiscalía General, y Sussy Valverde, fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción, compareciendo en el Congreso el 19 de octubre.
Ricky González, fiscal adjunto de la Fiscalía General, y Sussy Valverde, fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción, compareciendo en el Congreso el 19 de octubre.

Ricky González, fiscal adjunto de la Fiscalía General, afirmó este jueves bajo juramento que Jorge Chavarría, fiscal general de la República, tuvo acceso al informe del OIJ que reveló los contactos telefónicos entre el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños y los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, así como el exlegislador Wálter Céspedes.

Tan es así, dijo, que fue el propio Chavarría quien le remitió ese informe, vía correo electrónico, para que lo incorporara al expediente en que se investigaba un supuesto tráfico de influencias de los dos congresistas en favor de la empresa Sinocem, importadora de cemento chino, mediante el cual se habría modificado el reglamento de importación de este producto y se le habría facilitado un crédito en el Banco de Costa Rica (BCR).

El fiscal González precisó que Chavarría recibió el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 24 de febrero del 2016, a las 4:53 p. m., de parte del oficial de investigación Nataniel Gómez.

Chavarría, continuó, le reenvió el informe el 8 de marzo del 2016, con lo que él procedió a imprimirlo para incluirlo en el expediente de manera que se asegurara la prueba.

Adujo que la documentación siempre estuvo "a vista" del fiscal general. Adicionalmente, dijo, el informe del OIJ estuvo al alcance de los magistrados de la Sala III cuando se les remitió el expediente junto con una solicitud de desestimación del caso.

"La prueba nunca se ocultó, estaba agregada al expediente y así fue enviada a los tribunales respectivos", declaró el fiscal adjunto ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.

La declaración de González se contrapone a lo dicho por Jorge Chavarría, quien afirmó que su subalterno nunca le enseñó el informe en que constaban las llamadas entre los dos diputados y el polémico importador de cemento, razón por la cual ordenó abrirle un procedimiento disciplinario.

En su solicitud de desestimación del caso ante la Sala III, la Fiscalía General afirmó lo siguiente: "Este ministerio fiscal escudriñó los aspectos más importantes de la denuncia y tras la práctica de diversas diligencias policiales, no se pudo demostrar la relación delictiva acusada, puesto que conforme la prueba recabada, los señores Bolaños Rojas y Morales Zapata no coinciden más que en el resultado que arroja el registro de llamadas telefónicas según 'Informe de llamada telefónicas número 876-OPO/UAC/ART-2015', donde los analistas encargados refieren el tráfico de llamada entre los congresistas Guevara Guth y Morales Zapata, pero no así entre Juan Carlos Bolaños y Morales Zapata".

A su vez, el 20 de febrero del 2017, los magistrados de la Sala III acogieron la solicitud del Ministerio Público y redactaron que, en su investigación, la Fiscalía descartó "cualquier contacto por este medio (telefónico) con el señor Juan Carlos Bolaños" de parte de los diputados, "por lo que resulta inviable acreditar, bajo el grado de probabilidad, cualquier vinculación directa que medie entre Sinocem o su propietario con el diputado Morales Zapata".

Así lo dijeron ambas instancias a pesar de que el informe del OIJ cita centenares de llamadas entre Juan Carlos Bolaños y los otros tres investigados.

El diputado Ottón Solís le leyó el párrafo que la Fiscalía General incluyó y le preguntó por qué llega a esa conclusión, si el documento del OIJ dice otra cosa. El fiscal respondió: "Sí se hizo una valoración del informe, de hecho consta en el borrador y consta en la resolución de la Sala III, pero no me puedo referir porque estoy siendo procesado".

"A mí me están investigando por la interpretación del informe de rastreo de llamadas y quienes se pueden referir sobre sus resoluciones son los magistrados de la Sala III".

Ricky González relató que él participó en la investigación en conjunto con el fiscal general y que, conforme llegaban las pruebas, discutían el avance. La línea investigativa la trazaba Chavarría.

Agregó que, en diciembre del 2016, Chavarría pidió redactar una solicitud de desestimación luego de que un informe de Auditoría del Banco de Costa Rica (BCR) dijera que el crédito dado a Sinocem estaba al día, y de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) informara de que no había analizado el caso.

González dijo que él estaba de acuerdo con que lo que procedía era la desestimación, la cual no solo se basaba en el informe de llamadas, sino en otras pruebas.

"En enero de este año, con la información que se había hecho, no había una salida distinta, esa fue la correcta. Con la información que tenía, la salida debió ser esa y no podía modificarse", declaró el fiscal adjunto.

Explicó que él se encargó de redactar el borrador y, cuando estuvo listo, se lo entregó a la fiscal rubrogante Berenice Smith porque Chavarría estaba de viaje. Esta lo revisó, le pidió algunas correciones y lo presentó a la Sala III.

Aunque el fiscal general luego dijo que era anormal que presentaran ese caso en su ausencia, Ricky González dijo que eso era lo que procedía, pues para eso está la fiscal subrogante y él debía pasar el documento a su superior en ese momento.

Agregó que Chavarría nunca le reprochó nada, sino hasta hace poco, por lo que considera injusto y excesivo el proceso disciplinario que le abrieron.

Los diputados que investigan los créditos bancarios también le preguntaron si el letrado del magistrado Celso Gamboa, Justo Pastor López, le hizo preguntas sobre ese caso o si tuvo acceso a los documentos.

González lo negó, aunque admitió que conoce a López y que es usual que llegue a su oficina, incluso que le haya pedido prestado la computadora.

En cuanto al cierre de la causa contra Bolaños y Céspedes, esta la tramitó la fiscal auxiliar Sussy Valverde, de la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción, porque no se trata de miembros de supremos poderes.

Valverde precisó que el expediente se lo enviaron 20 de febrero del 2017 y ella lo sacó el 24 de febrero. Dijo que, cuando los casos son por hechos comunes, se procura que no haya contradicciones, por lo que se basó en la resolución de la Fiscalía General aunque las conclusiones no fueron idénticas.

En su caso, ella no tuvo acceso al informe del OIJ y sostuvo que las pruebas indicaban que se debía pedir la desestimación.

Agregó que su criterio es independiente, tanto así que en setiembre pidió reabrir el caso a la luz de nuevos hechos.