Legisladores de todos los partidos, incluido el oficialista PAC, critican el plan

Por: Aarón Sequeira, Natasha Cambronero 8 abril, 2015
El presidente Solís estimó que Allan Ruiz (viceministro) y la ministra Gisella Kopper
El presidente Solís estimó que Allan Ruiz (viceministro) y la ministra Gisella Kopper "fallaron a la hora de supervisar la elaboración y contenidos de un borrador de proyecto de ley", solicitado por la Contraloría General de la República, para regular el funcionamiento de la radio y la televisión.

El borrador del proyecto de Ley General de Radiodifusión, que pretende someter a las empresas de radio y televisión a un severo régimen de sanciones, desató una férrea oposición entre diversos sectores.

A las voces de animadversión surgidas en la Asamblea Legislativa, se unieron ayer los empresarios, los sindicatos y la Defensoría de los Habitantes.

En la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) afirmaron que la iniciativa atenta contra la libertad de prensa y generaría inseguridad jurídica para el clima de negocios.

“Nos preocupa que se incluyan sanciones drásticas, la posibilidad de suspender transmisiones, clausurar radioemisoras o revocar concesiones bajo argumentos poco precisos”, dijo Óscar Emilio Barahona, coordinador de la Comisión de Telecomunicaciones de la Uccaep.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, le pidió al presidente Luis Guillermo Solís sentar responsabilidades contra los jerarcas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), quienes elaboraron la propuesta original.

“Es una aberración, es inadmisible, peligroso y atenta contra los principios de la libertad de expresión”, aseveró Vargas.

La defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, manifestó que es “inadmisible” querer controlar a los medios a través de un proyecto de ley para regular el espectro radioeléctrico.

Solano había alertado al Micitt, desde principios de año, sobre varios problemas en el borrador de la Ley General de Radiodifusión, por eventuales violaciones a la libertad de expresión.

Marcha atrás. Ayer temprano, el Gobierno anunció que excluirá el polémico régimen sancionatorio, que establece desde multas multimillonarias hasta la revocación de la concesión de uso de la frecuencia de radio o televisión.

La titular del Micitt, Gisela Kopper, anunció que presentarán un segundo borrador esta semana y dejarán por fuera los castigos por el contenido que publiquen los medios.

La intención es enviar el proyecto de ley definitivo para su trámite en el Congreso en agosto.

“Esto se colocó para la discusión, nunca se pensó que esto iba a ser el último documento, el espíritu nuestro es tener una apertura al diálogo”, alegó Kopper.

Los primeros en atacar la propuesta fueron los diputados Juan Luis Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Rafael Ortiz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Otto Guevara, del Movimiento Libertario; Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).

Ayer se unieron a las críticas el Frente Amplio y el PAC. El jefe del FA, Gerardo Vargas, afirmó que la propuesta es un “grave error” del Gobierno y descartó algún apoyo a un plan de este tipo.

Javier Cambronero, subjefe de la fracción oficialista, ha impulsado la discusión del borrador; incluso organizó un foro en el Congreso, con la participación del Micitt. Ayer afirmó que conoce la propuesta desde enero, pero ahora critica que las sanciones sean desproporcionadas.