Por: Esteban Mata Blanco 21 mayo, 2016
El hoy alcalde Marcel Soler (celeste) hizo campaña con Mario Ruiz previo a las elecciones. Hoy le exige renunciar. | FACEBOOK
El hoy alcalde Marcel Soler (celeste) hizo campaña con Mario Ruiz previo a las elecciones. Hoy le exige renunciar. | FACEBOOK

El Partido Frente Amplio (FA) enfrenta un cuarto caso de violencia de género entre sus políticos en solo tres años.

En esta ocasión se trata del vicepresidente del Concejo de Montes de Oca, Mario Ruiz Salas, quien enfrenta medidas cautelares y a quien incluso acusan de incumplirlas.

Ruiz fue designado regidor en las elecciones del 7 de febrero por la coalición Gente de Montes de Oca, como miembro representante del Frente Amplio; luego ganó la vicepresidencia del Concejo de Montes de Oca en las justas del 1.° de mayo. Desde marzo, ya siendo regidor electo, informó al Partido de que enfrentaba denuncias de su expareja por violencia doméstica.

Tanto el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler, como la vicealcaldesa, Diana Posada, y el vicealcalde José Rafael Quesada, exigen la renuncia de Ruiz.

La presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora, dijo que la solicitud es “precipitada”, pues el caso está elevado ante el Tribunal de Ética.

Mora explicó que Ruiz fue quien llevó el caso por su cuenta ante las autoridades del FA: “Pidió una audiencia unos dos meses atrás ante el Comité Ejecutivo, lo recibimos y nos informó de una situación enojosa y difícil”, recordó Mora.

Marisa Batalla, vocera de la Alcaldía de Montes de Oca, señaló que la solicitud del alcalde y los vicealcaldes no es precipitada.

“Se pide la renuncia, pues esta semana, el proceso pasó a ser penal, ante las reiteradas violaciones a medidas cautelares por violencia doméstica”, dijo Batalla.

Se intentó conocer el criterio de Ruiz, pero no contestó los mensajes dejados.

Cuarto en fila. Este es el cuarto caso conocido de políticos del Frente Amplio que enfrentan o enfrentaron procesos de este tipo, y que terminan designados en puestos de elección popular.

El primero en trascender fue el del exsindicalista y ahora diputado, Jorge Arguedas, a quien en noviembre del 2013, el candidato presidencial José María Villalta le exigió la renuncia, al salir a la luz que enfrentó medidas cautelares por violencia doméstica en los años 2002 y 2003. No renunció.

El otro caso fue el del exsacerdote y exdiputado Rónald Vargas. La Nación reveló que el motivo de la salida del Congreso era un acuerdo con la cúpula del Partido, para no hacer pública una denuncia por acoso sexual.

El más reciente se presentó el sábado 23 de marzo. El legislador Carlos Hernández fue detenido por la Policía, en Esparza, por un aparente caso de violencia doméstica denunciado por su pareja. Hernández se separó de la fracción, pero no de la curul.