Proceso logró 155.000 firmas; TSE toma decisión sobre plan cuestionado

Por: Álvaro Murillo 30 junio, 2015

El Tribunal Supremo de Elección (TSE) tiene en fase final del proceso una solicitud de referendo nacional sobre un proyecto que obligaría al Estado a consultar cualquier plan de índole ambiental con una asociación de campesinos basada en Puerto Viejo de Sarapiquí.

El inusual proyecto de ley es el tema del referendo que pide la Asociación de Campesinos Ambientalistas por el Pulmón del Mundo , la cual logró recolectar 155.356 firmas y cumplir así con el requisito de tener el apoyo de al menos el 5% de los costarricenses incluidos en el padrón electoral.

Es un triunfo del grupo cuyos seguidores estuvieron acampando durante meses entre el 2012 y el 2013 frente a la Asamblea Legislativa y frente a la Presidencia de la República, liderados por un dirigente llamado Marco Aurelio Carpio.

El futuro del proyecto Reforma del artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente N.° 7554, promovido en el 2011 por el entonces diputado Justo Orozco, con ambiente desfavorable en ese momento, podría quedar en manos de 3,1 millones de costarricenses, si así lo estiman los magistrados del TSE.

La resolución de los magistrados deberá estar lista en los próximos días y, por los plazos legales, el eventual referendo podría coincidir con las elecciones municipales del 7 de febrero del 2016. Esto obligaría a hacer ajustes logísticos y también a habilitar el voto en el extranjero.

Si los magistrados lo aprueban, sería el segundo referendo en la historia de Costa Rica, ocho años después del que permitió aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el 7 de octubre del 2007.

Entre varias diferencias con ese proceso, la actual solicitud de referendo se tramitó mediante la modalidad de “iniciativa popular”. Es decir, una organización pide al TSE autorización para recoger firmas (5% del padrón nacional), las recolecta, espera que se las validen y aguarda a la convocatoria. “Nos organizamos por grupos con mucho esfuerzo, durante días y noches”, dijo, desde Sarapiquí, Marco Aurelio Carpio.

El 7 de octubre del 2007 se realizó el único referendo nacional (en torno al TLC) que ha habido hasta ahora en la historia del país. | ARCHIVO
El 7 de octubre del 2007 se realizó el único referendo nacional (en torno al TLC) que ha habido hasta ahora en la historia del país. | ARCHIVO

Esta es la primera vez que una iniciativa ciudadana cumple todos los requisitos, reconoció el director de Programas Electorales del TSE, Héctor Fernández.

La ley prohíbe referendos sobre temática “presupuestaria, tributaria, fiscal, de aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa”, pero el análisis final está a cargo de los magistrados en el expediente 0117-DGRE-2013.

“Esperamos que la solicitud de referendo no viole la Carta Magna. Si no, nos tiramos a manifestarnos”, anunció Carpio.

Cuestionamientos. El proyecto de ley número 18.306, puesto en discusión legislativa por Justo Orozco, ha enfrentado criterios en contra de parte del departamento de Servicios Técnicos en el Congreso y también de la Universidad de Costa Rica.

Ambos informes señalan que sería improcedente dar el privilegio de participación a una organización privada determinada, pues implica un tratamiento desigual ante la ley.

“En el texto propuesto, no se justifica semejante diferenciación ni se aporta ninguna justificación, razón o interés público para que el proyecto sea aprobado”, concluyó la asesoría legal del Consejo Universitario de la UCR, en el acta de la sesión 5.733 , del junio del 2013.

Similar es el criterio de Servicios Técnicos: “Se violenta el derecho humano a la protección del ambiente ya que sería monopolizado por la Asociación de Campesinos Ambientalistas Unidos por el Pulmón del Mundo, cédula jurídica 3-002-64495, en las acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”, dice el informe ST.245-2012 I, de noviembre del 2012.

Los asesores legislativos hicieron un análisis registral y determinaron que se desconoce cuántos miembros activos posee la organización y qué porcentaje representan de la población. “Por ello, no se podría considerar con certeza fáctica y jurídica, cuántos ciudadanos podrían participar activamente en la toma de decisiones gubernamentales, o en las acciones que puedan eventualmente afectar el ambiente”.

Consultado ayer, el exdiputado Orozco defendió la iniciativa con el argumento de que la Asociación está formada por buenas personas. “Esto es una fundación que anda ahí tratando de proteger el medio ambiente y que no existan latifundios abandonados donde se propician talas clandestinas. Ellos me visitaron y me pareció un proyecto noble, de bien social, con gente que no es profesional pero sí muy sencilla y de gran corazón, que quiere que el prójimo sea feliz”.