Los exdiputados Célimo Guido y José Miguel Corrales denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, por la ampliación del contrato de la firma Riteve SyC con el Estado por 10 años.
Según los denunciantes, el Gobierno omitió cumplir con los requisitos para la ampliación del contrato a la empresa que revisa los vehículos en el país.
En la denuncia se apunta que las autoridades del Gobierno debían abrir la posibilidad para la participación del mayor número posible de prestadores del servicio.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge apoyó la gestión.
Las acusaciones son por presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y favorecimiento personal.
También figuran como acusados el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Llach Cordero, y el viceministro Rodrigo Rivera Fournier.
En la Casa Presidencial desestimaron la denuncia. Para el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, la gestión “no tiene pies ni cabeza” y solo pretende “llamar la atención de los medios”.
La denuncia señala que esto se hizo con el fin de favorecer los intereses de Riteve SyC. La vocera de la firma, Berlioth Herrera, dijo que la empresa no se referirá al tema, por tener un carácter político.