Estado ocupará tierras expropiadas 15 días después de depositar el avalúo

En el caso de las viviendas, los residentes tendrán dos meses para desalojar el inmueble.

La reforma fue aprobada por unanimidad y tiene como objetivo reducir el tiempo para que el Estado entre en posesión de tierras para proyectos como carreteras, plantas hidroeléctricas o aeropuertos. Tal es el caso del tramo norte de la ruta de Circunvalación, por ejemplo.

Según el legislador Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana, con esta reforma, los tiempos que gasta el Estado en una expropiación se reducirán de años a cuestión de meses.

“Ya no se tendrá que esperar hasta concluir la vía judicial para tomar posesión del inmueble. Se ahorrará ese trámite que resultaba tan lento y paralizaba hasta tres años la construcción de infraestructura importante para el desarrollo del país”, afirmó Redondo.

La iniciativa contó con el voto de 43 diputados y fue colocada como prioridad tanto por la actual administración como por la anterior. Ahora, se espera que reciba segundo debate para su aval definitivo el próximo jueves.

Otto Guevara, del Movimiento Libertario, destacó el hecho de que el desalojo de la propiedad se produzca justo después del respectivo avalúo del Estado y del depósito del dinero en sede administrativa. Este último lo hace la institución interesada en una cuenta bancaria a nombre del dueño.

Si la persona no está de acuerdo con el monto en que se valoró su inmueble, puede acudir a las instancias judiciales a reclamar más, pero ya sin tener posesión del terreno. Actualmente, el expropiado conserva el terreno mientras el caso se resuelve en los tribunales.

En criterio de Ottón Solís, legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), la reforma es un “paso gigantesco” para la construcción de obra pública.

“Se quitan las piedras y los obstáculos del camino; es uno de los temas más importantes. Desde la administración de Óscar Arias, venimos impulsando una reforma de este tipo. Es una prioridad de la Uccaep (Unión Costarricense Cámaras)”, dijo Solís.

El proyecto de ley también elimina el proceso de apelación en contra de las decisiones de las instituciones interesadas en una expropiación, mientras este no haya entrado al ámbito judicial. Para Henry Mora, presidente del Congreso, eso ahorrará cerca de un año en el proceso administrativo. Colaboró el periodista Esteban Oviedo