Por: Esteban Oviedo 24 febrero
Gerardo Vargas Rojas (centro) y Luis Vásquez (der.), del PUSC, salieron en varias ocasiones del plenario y, con ello, detenían la votación del proyecto de impuesto a sociedades.
Gerardo Vargas Rojas (centro) y Luis Vásquez (der.), del PUSC, salieron en varias ocasiones del plenario y, con ello, detenían la votación del proyecto de impuesto a sociedades.

Los diputados aprobaron en comisión un proyecto de ley que duplicaría el aporte de las empresas estatales a las pensiones de los trabajadores no asalariados, los que laboran por cuenta propia.

Se trata de una reforma al artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, aprobada en forma unánime en la Comisión de Asuntos Sociales. Ahora, el plan debe ser votado en plenario.

Con el cambio planteado, los diputados dejarían en claro que las empresas públicas en competencia tienen que entregar parte de sus utilidades al IVM. Con ello, quedarían obligados a aportar recursos el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que hasta ahora no lo han hecho.

Solo con el ingreso del INS, los aportes de las empresas estatales al IVM pasarían de ¢15.000 millones a ¢25.000 millones anuales, informó José Alberto Acuña, director financiero de la Gerencia de Pensiones de la CCSS.

Esa cifra, añadió Acuña, permitiría a la CCSS consolidar una propuesta para fortalecer las pensiones de los no asalariados con menos ingresos: "La mejor forma de encausarlos es dando alguna facilidad para que la gente de bajos recursos pueda afiliarse al seguro en condiciones más favorables".

A manera de ejemplo, expuso el director financiero, la CCSS podría ofrecer a ciertos trabajadores independientes que coticen un 6% de sus ingresos en lugar de un 8% porque el Estado les otorgaría el 2% restante.

La idea es aumentar la cobertura del IVM entre los no asalariados que no tienen capacidad de cotizar, que laboran en sectores muy informales o que aportan de manera inestable: seis meses sí y seis meses no, por ejemplo.

Entre los trabajadores no asalariados, un 55,85% está cubierto al cotizar por cuenta propia.

Si se sube la cobertura, dijo Acuña, se le bajaría la presión a las jubilaciones del régimen no contributivo, que se otorgan a personas en extrema pobreza, ancianos que nunca cotizaron, entre otros.

Acuña sostuvo que la reforma aprobada por los diputados en comisión traería más estabilidad a la norma introducida en la Ley de Protección al Trabajador, pues "hasta el momento los montos recibidos son poco significativos y muy variables para cumplir con el espíritu que tenía la ley".

En relación con la totalidad de los ingresos del IVM, los ingresos que se podrían percibir con la reforma apenas representarían un 2,5%, pues el régimen recibe más de ¢1 billón anuales.

¿Qué aprobaron exactamente los diputados?

El diputado Gerardo Vargas, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), declaró que la reforma dejaría en claro cinco puntos:

1. Que el porcentaje que deben aportar las empresas estatales es de un 15% de sus utilidades.

2. Que el aporte debe deducirse de las utilidades netas; es decir, después de pagado el impuesto de renta. La CCSS cobraba sobre las utilidades brutas.

3. Que las utilidades se calcularán según los estados financieros auditados de cada empresa pública.

4. Que deben aportar estén o no estén en competencia. Varias empresas alegaban, y otras aún alegan, que no deben pagar porque la deducción les resta ventajas para competir en sus mercados.

5. Que deben aportar Correos de Costa Rica, Recope, Sinart, Incofer, Editorial Costa Rica, INS, ICE, Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Bancrédito.

Además de la lista que definieron los diputados, la CCSS incluye al Incop y a la operadora de pensiones de la CCSS.

El diputado socialcristiano sostuvo que la reforma le daría seguridad jurídica a todas las partes. "Queremos dejar claro que al tratarse de un porcentaje tan bajo de las utilidades netas, no se afecta la competitividad de las empresas en competencia", declaró Vargas.

¿De dónde surgió esta obligación y por qué es necesaria una reforma?

En el año 2000, al aprobarse la Ley de Protección al Trabajador, el artículo 78 pretendió crear una contribución adicional para fortalecer el mayor régimen de pensiones del país, a fin de mejorar la cobertura de los trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza.

El artículo dice: "Establécese una contribución hasta del quince por ciento (15%) de las utilidades de las empresas públicas del Estado, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, en cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza. El monto de la contribución será establecido por el Poder Ejecutivo, según la recomendación que realizará la CCSS conforme a los estudios actuariales".

Sin embargo, la contribución no se aplicó durante 12 años debido a que no fue sino hasta el 2012 que el Ejecutivo reglamentó el monto de la contribución.

El gobierno de Laura Chinchilla definió que las empresas públicas aportarían un 5% de las utilidades a partir del 2013; un 7% después del 2015 y un 15% del 2017 en adelante.

Una vez en vigencia el decreto, varias empresas públicas acudieron a la Sala IV para oponerse al artículo, con el argumento de que les restaba competitividad. Tal es el caso de los bancos Nacional (BN), de Costa Rica (BCR) y Bancrédito.

Además, empezaron las diferencias de criterio. Las empresas calcularon sus aportes con base en las utilidades netas (después de rebajado el impuesto de renta del 30%) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) les cobró con base en las utilidades brutas.

Actualmente, dijo Acuña, solo el Banco Nacional paga con base en las utilidades brutas. La CCSS agrega a una cuenta por cobrar las diferencias con las empresas que pagan sobre utilidades netas. "Hacemos cobro administrativo y vamos a cobro judicial. Ya se establecieron cobros judiciales para todas aquellas empresas que deben a este momento", dijo el funcionario.

En el 2012, un fallo Del Tribunal Contencioso-Administrativo también condenó al Estado a indemnizar a la Caja por el dinero que no recibió entre los años 2008 y 2012, antes de que el Ejecutivo fijara los porcentajes.

Sin embargo, la Sala Primera anuló la sentencia porque, en el juicio, la Caja figuró como tercero interesado, cuando, en realidad, debía hacerlo como codemandante.

Luego, un fallo de la Sala IV manifestó que el INS no debía pagar. "Era una de las instituciones que más debería haber aportado. Esto significó una disminución importante en las expectativas", dijo Acuña.

Solo en el 2014, el 15% de las utilidades netas del INS habrían significado cerca de ¢12.000 millones.

En el caso del ICE, reportó la CCSS, este indica que tiene una ley que se interpone al artículo 78, la que regula su participación en la competencia de las telecomunicaciones. "No ha estado pagando, mantiene la negativa de aportar los estados financieros", dijo Acuña.

En el 2014, las empresas estatales aportaron de la siguiente manera:

-Banco Nacional: ¢1.940 millones

-Banco de Costa Rica: ¢1.195 millones

-Bancrédito: ¢69 millones

-Correos de Costa Rica: ¢47 millones

-Sinart: ¢12 millones

-Incop: ¢80.000

-Recope: No pagó

-ICE: Reportó pérdidas

-INS: No pagó

-Editorial Costa Rica: Reportó pérdidas

-Incofer: Reportó pérdidas