Jaulares alega que no le pagaron eventos autorizados por Melvin Jiménez

Por: Natasha Cambronero 20 febrero, 2015
Melvin Jiménez, actual ministro de la Presidencia, fue el jefe de campaña electoral del PAC. | LUIS NAVARRO
Melvin Jiménez, actual ministro de la Presidencia, fue el jefe de campaña electoral del PAC. | LUIS NAVARRO

La empresa Producciones Jaulares demandará al PAC por $500.000 (¢271 millones) y pedirá que el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, sea testigo en el juicio.

La compañía alega que Acción Ciudadana (PAC) le adeuda 10 facturas correspondientes a la organización de actividades proselitistas durante la campaña electoral del actual presidente, Luis Guillermo Solís.

Según Boris Molina, abogado de Jaulares, el hoy titular de la Presidencia, autorizó, con su firma, al menos cuatro de esas contrataciones y podría dar fe de que consintió que la empresa organizara las demás.

“Yo lo voy a citar como testigo, tiene que ir. Él no tiene inmunidad ni puede negarse a ir. Y tiene que hablar porque se le va a pedir que hable sobre hechos anteriores a su cargo”, sostuvo Molina.

La empresa reclamará ante el Juzgado de Cobro Especializado de San José el pago de $204.000 en facturas del PAC, así como casi $300.000 en intereses, indemnización por daño moral y honorarios de abogado.

Jaulares fue el mayor proveedor de la campaña del PAC. Facturó más de $700.000 por organizar 84 eventos públicos, bajo la guía de Jiménez y del estratega Iván Barrantes, quien dijo que él recomendó a la productora, dada su amistad de más de 20 años con el dueño, Manuel Ardón.

Sin embargo, el Comité Ejecutivo del Partido rechazó 10 comprobantes de pago, al alegar que carecían de contrato y que fueron presentados tarde, cuando ya no podían ser cobrados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así consta en una carta del 26 de agosto del 2014, firmada por el director ejecutivo del Partido, Jorge Zeledón.

El tesorero del PAC, Anthony Cascante, por su parte, afirmó que la decisión de no pagar esas facturas la tomó el Comité Ejecutivo anterior, y que el actual lo único que hizo fue respaldar ese acuerdo.

Ardón responde que no es necesario un contrato para comprobar que hubo una relación y pedirá al Juzgado de Cobro Especializado, como medida cautelar, que se le embarguen las cuentas bancarias a la agrupación, así como la deuda política que pueda recibir por su participación en las pasadas elecciones.

El empresario asegura que debió haber firmado un documento para evitar la demanda, pero que su error fue confiar “en la ética” que promulga el PAC.

“Me siento doblemente indignado y yo quiero acabar con esto ya, pero tampoco quiero que las cosas queden como ‘¡ah, muy bien!, muchas gracias Manuel por haber colaborado con la campaña de Luis Guillermo y que haya llegado a ser presidente y, nosotros, como PAC nos vale’. No, lo siento mucho, pero aquí las cosas se pagan, porque hasta me prestaron plata diferentes amigos para poder lograr cubrir lo que les debía a proveedores y es dinero que sigo debiendo”, expresó.

La factura más grande es de $47.250 por actividades que se realizaron el 7 y 8 mayo, en el marco del traspaso de poderes.