Por: Aarón Sequeira 17 noviembre, 2016
El segundo diseño de edificio para el Congreso contaría con 18 pisos y cuatro sótanos, según lo previsto por el arquitecto Javier Salinas. | CORTESÍA ASAMBLEA LEGISLATIVA.
El segundo diseño de edificio para el Congreso contaría con 18 pisos y cuatro sótanos, según lo previsto por el arquitecto Javier Salinas. | CORTESÍA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Temprano, este jueves, el Directorio legislativo tomó el acuerdo de continuar con el proyecto de construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, a pesar de que dicha iniciativa estuvo a punto de frenarse.

Igualmente, la cúpula del Congreso acordó aceptar la propuesta del arquitecto Javier Salinas para devolver el dinero que la Contraloría considera que se le pagó indebidamente.

De hecho, de una vez las autoridades legislativas y el arquitecto firmaron el acuerdo para la devolución en consignación de esos dineros, aunque Salinas lo habría hecho "bajo protesta", pues no estaba totalmente de acuerdo en que la Asamblea mantuviera el derecho de contrademandar, si el arquitecto reclama en estrados judiciales que ese pago no fue indebido.

El pago, tal como propuso Salinas, será en cuotas mensuales de $25.000, hasta recuperar los $700.000 que se le pagaron, aunque no consiguió todos los permisos que la obra requería.

El acuerdo casi fracasa porque la Procuraduría General de la República le había recomendado al presidente legislativo, Antonio Álvarez Desanti, que el Congreso valore la posibilidad de demandar al arquitecto, pero Salinas quería reservarse ese derecho de demandar solo él.

"La Asamblea también se va a reservar el derecho de establecer las acciones judiciales o contrademandar", confirmó Álvarez Desanti.

Razones

En cuanto a las razones para seguir con la construcción de un edificio de 18 pisos, Antonio Álvarez dijo que son varias, principalmente relacionadas con la seguridad de las actuales instalaciones parlamentarias.

El presidente dijo que el Instituto Nacional de Seguros (INS) se negó a renovar la póliza de incendio y terremoto para las edificaciones de la Asamblea Legislativa, además de que existen tres órdenes de cierre giradas por el Ministerio de Salud y una sentencia de la Sala Constitucional que fija 18 meses para implementar esas órdenes.

"Los anteriores directorios han venido preparando un buen trabajo en aras de promover y desarrollar la construcción de la obra", afirmó Álvarez Desanti.

El liberacionista apuntó que si se suspende el proyecto del edificio se pierden $16 millones, "pérdida total y absoluta, nada se recobraría" y añadió que por cada año que se atrase la obra, la administración del Congreso seguirá pagando $3 millones en alquileres y seguridad, así como costos de fibra óptica.

Para evitar los problemas de gastos, costos y contrataciones irregulares que la Contraloría General de la República denunció hace varias semanas, el Directorio pedirá asesoramiento al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), reveló el jerarca parlamentario.

La torre que albergaría a la Asamblea Legislativa tendría, según el segundo diseño propuesto por Javier Salinas Guerrero, 18 pisos, cuatro niveles subterráneos, 80 metros de alto y 55.000 metros cuadrados de construcción.

El costo calculado para este segundo diseño, según la Unidad Administradora del Proyecto, es de ¢54.500 millones, unos ¢13.500 millones por encima del dinero total previsto por el Fideicomiso del Banco de Costa Rica originalmente.

Rendición de cuentas. Horas después de que las actuales autoridades parlamentarias tomaran la decisión de seguir adelante con el edificio, los miembros del primer Directorio legislativo de este periodo (2014-2015) comparecieron en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, para rendir cuentas sobre la decisión que tomaron de finiquitar el primer proyecto, pagarle a Salinas ¢385 millones (casi $700 mil) y asignarle la realización de un segundo diseño.

Henry Mora, quien fungía como presidente; el exprimer secretario, Luis Vásquez, y el exsegundo secretario, Jorge Rodríguez, defendieron sus actuaciones, con base en un criterio de la Sala Constitucional y un proceso contencioso administrativo en contra del proyecto del nuevo Congreso.

La defensa de los legisladores se basa en un argumento similar al del arquitecto, quien asegura que el Centro de Conservación del Patrimonio no tenía que dar ningún permiso, pues aseguran que el primer diseño, que iba a colocar una especie de túnel por encima de la sede actual, no implicaba una intervención de edificios patrimoniales.

Es más, según los congresistas, la Asamblea Legislativa no requiere los permisos comunes que se tramitan para una construcción, por tratarse de uno de los poderes de la República.

Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, acompañó a los miembros del Directorio legislativo 2014-2015, para enfatizar la situación actual de las instalaciones parlamentarias y las órdenes sanitarias que pesan sobre ellas.
Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, acompañó a los miembros del Directorio legislativo 2014-2015, para enfatizar la situación actual de las instalaciones parlamentarias y las órdenes sanitarias que pesan sobre ellas.

Vásquez recordó que, en diciembre del 2014, la Sala IV les había girado la orden de solucionar los problemas actuales de infraestructura y de hacinamiento del personal en un plazo de 18 meses, así como de cumplir con las órdenes sanitarias que ha girado el Ministerio de Salud (esta institución ordenó el cierre de la Asamblea, en el 2010).

Ottón Solís y Epsy Campbell, del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuestionaron que ese antiguo Directorio hubiera ordenado el pago de los ¢385 millones al arquitecto Salinas y lanzaron la sospecha de que si este había aceptado devolverlos, es porque aceptaba la irregularidad.

Sin embargo, Jorge Rodríguez enfatizó que la devolución de esos dineros se hará bajo protesta; además, Vásquez aseguró que ya desde febrero del 2015 había un proceso contencioso administrativo que, en setiembre pasado, resolvió que habría sido más grave no pagarle ese dinero a Salinas (dinero correspondiente a los honorarios por el 60% del primer diseño para el edificio), según los términos del contrato de Fideicomiso firmado entre la Asamblea y el Banco de Costa Rica.

Ante esa declaración, Solís aseguró que le parecía muy extraño que la Contraloría no hubiera tomado en cuenta esa sentencia del Tribunal Contencioso.