Por: Esteban Mata Blanco 18 septiembre, 2015
Los diputados Jorge Rodríguez (i) y Luis Vásquez (d), del PUSC, y Henry Mora (c), del PAC, firmaron el acuerdo que permitió el nombramiento de Kattia Martin. | PABLO MONTIEL/ ARCHIVO
Los diputados Jorge Rodríguez (i) y Luis Vásquez (d), del PUSC, y Henry Mora (c), del PAC, firmaron el acuerdo que permitió el nombramiento de Kattia Martin. | PABLO MONTIEL/ ARCHIVO

El Directorio legislativo acordó la noche de este jueves iniciar una investigación sobre la legalidad del nombramiento de la vicepresidenta del PAC, Kattia Martin, en una plaza creada a su medida por las anteriores autoridades del Congreso.

El primer secretario de la Asamblea Legislativa, Juan Marín, explicó este viernes que la investigación estará a cargo de un órgano instructor, conformado por tres abogados especialistas en materia laboral y con conocimiento administración pública.

Dos de ellos son del departamento de Servicios Técnicos y uno más de la dirección jurídica de la Asamblea, según explicó Marín.

La investigación legislativa surgió a raíz de un criterio de la Procuraduría de la Ética Pública, en el cual se señalan acciones que riñen con la Ley contrala corrupción y el enriqueciemiento ilícito, de parte de las autoridades del anterior Directorio legislativo a la hora de nombrar a

Martin, una comunicadora con especialidad en relaciones internacionales, había laborado en el Congreso como asesora de confianza en despachos de diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) los últimos doce años, hasta setiembre del año anterior.

El 9 de setiembre del 2014, siendo presidente del Congreso el diputado del PAC, Henry Mora, y con el apoyo de los dos secretarios del momento: Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, se procedió a la contratación de Martin en una plaza de profesional 2B. Como no había plazas disponibles, los diputados del Directorio se aprovecharon de la plaza que dejaba libre un chofer que se pensionaba.

De esta manera, en una sola sesión, Mora, Vásquez y Rodríguez ordenaron modificar la plaza de chofer libre, para que pasara a ser de profesional 2B, dirigida al departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.

El acto quedó en firme, pese a que en Prensa y Protocolo no necesitaban a nadie más. Tanto así, que la directora de ese departamento, Karla Rodríguez, tuvo que enviarla a la biblioteca del Congreso a hacer un estudio para reformar actos protocolarios, pues en las oficinas del departamento no tenía si quiera donde sentar a Martin.

El nombramiento también se hizo pese a la resistencia del director de Recursos Humanos, Hugo Cascante Micó, quien señaló que no había sustento técnico para nombrarla. Su negativa a este y otros nombramientos, le valió una investigación ordenada por Mora.

La decisión de Mora y compañía en el nombramiento de Martin no ha dejado de ser polémica. La propia Fiscalía General de la República abrió un expediente para determinar si cabe la figura delictiva del prevaricato (daro ordenanzas contrarias a la ley) en el acuerdo.

Sin embargo, tres semanas atrás la Fiscalía pidió a la Sala III de la Corte desestimar el caso, pues no encontraba relación entre el acto y el delito. No obstante, esta decisión de la Fiscalía General le trajo una reprimenda de los magistrados de la Sala, que consideraron que faltaban elementos de investigación y que el caso no se debía cerrar.

De esta forma, la cusa contra el Directorio presidido por Mora sigue viva en el Ministerio Público, y a esta investigación se suma ahora la interna, producto del criterio de la Procuraduría, cuyos detalles permanecen en secreto, manejados tan solo por los tres miembros del actual Directorio: Rafael Ortiz (PUSC), Juan Marín y Karla Prendas (ambos del PLN).

Respecto de la publicidad de los señalamientos de la Procuraduría, Marín dijo que el próximo 29 de setiembre se reunirán de nuevo para determinar la forma en que serán presentados a los otros 54 diputados del Congreso.