Involucrados impugnan ley que redujo impuesto en Depósito de Golfito

Por: Aarón Sequeira 15 agosto, 2016
Una treintena de golfiteños y trabajadores del Depósito Libre Comercial de Golfito se manifestaron, el viernes 12 de agosto, contra la actual junta interventora de la Judesur, entidad que administra el Depósito. | CORTESÍA/LA NACIÓN
Una treintena de golfiteños y trabajadores del Depósito Libre Comercial de Golfito se manifestaron, el viernes 12 de agosto, contra la actual junta interventora de la Judesur, entidad que administra el Depósito. | CORTESÍA/LA NACIÓN

El gobierno de Luis Guillermo Solís se apura a sustituir a los cinco directivos de Judesur que demandaron al Estado, en reclamo de una indemnización de ¢7.000 millones en favor de la institución que dirigen.

Se trata de la Junta Interventora que el propio Solís colocó a la cabeza de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), en octubre del 2014.

El miércoles 10 de agosto, el Ejecutivo publicó el Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la Judesur en el diario oficial La Gaceta , con lo que se abre el camino para nombrar a nuevos directivos.

El presidente Solís firmó el reglamento dos días después de que la prensa revelara que sus interventores demandaron al Estado, por considerar que la nueva Ley Orgánica de Judesur (9356), aprobada por los diputados y avalada por el mandatario el 13 de junio anterior, lesiona los ingresos de esa institución semiautónoma.

Ese texto reduce el impuesto único que pesa sobre los productos a la venta en el Depósito Libre Comercial de Golfito, fuente de financiamiento de Judesur.

Con el objetivo de mejorar la competitividad del Depósito, la iniciativa rebaja el tributo del 18% a un 14% en el primer año de vigencia, a un 12% en el segundo, y a un 10% en el tercero.

La ley cambia la distribución del dinero que se recauda con el impuesto. Sube de un 8% hasta un 15% el porcentaje para la operación de Judesur.

El apartado para becas estudiantiles no varía, queda en un 10%, mientras que se crea un nuevo aporte del 10% para el mercadeo, equipamiento y renovación del Depósito.

Por último, pasa de un 82% a un 65% el porcentaje para proyectos de desarrollo en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires.

Sin apoyo. A pesar de que la demanda tiene la firma de los interventores nombrados por el Gobierno, para el saneamiento de la Judesur, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, negó apoyar la demanda y más bien considera que no tiene ningún sustento legal.

El 10 de agosto, Alfaro escribió una nota a Manuel Herrera Mutis, presidente de Judesur, en los siguientes términos: “Estas acciones (de Judesur) son absolutamente contrarias a lo que, desde el Poder Ejecutivo, se pretende con esta nueva ley, razón por la cual le manifiesto mi absoluto rechazo”.

Consultado por La Nación, el ministro dijo que la demanda parece tener poco o nulo asidero.

“No entendemos por qué ir al (Juzgado) Contencioso-Administrativo por una demanda particular. La única explicación que podemos encontrar la vemos en la acción de inconstitucionalidad, que necesita como requisito que haya un juicio previo; por eso la pusieron”, adujo Sergio Alfaro.

El 8 de agosto, tres semanas después de presentar la demanda (el 19 de julio), los directores de Judesur presentaron una acción en la Sala IV contra la forma en que los diputados modificaron el reparto de recursos del Depósito.

Allí, impugnan varios artículos de la Ley N.° 9356 en materia financiera y otros supuestos vicios en la normativa.

Herrera alegó que solo la reducción del impuesto, en el primer año, “significa, en términos reales, un 22% de disminución en este rubro de ingresos (¢1.100 millones solo para el primer año)”.

Agregó que el segundo año conlleva una caída del 33% (unos ¢1.650 millones) y que el tercero, un 44% (¢2.200 millones).

“Esta nueva ley 9356 no permite y pone en peligro el financiamiento de programas sociales (becas y proyectos de desarrollo) que ejecuta actualmente Judesur y no permitirá la construcción de los 14 locales en el Depósito Libre Comercial de Golfito que se quemaron hace 15 y 6 años, respectivamente”, dijo Herrera Mutis vía correo electrónico, la única vía que aceptó para evacuarle consultas de La Nación .

Alega prudencia. Cuestionado en el Congreso por el diputado puntarenense de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, el ministro aseguró que no es posible que el Gobierno pueda quitar a los cinco interventores de golpe, pues no tendría sentido nombrar a alguien para las ocho semanas que dure el proceso de cambio de la Junta.

“No seré yo quien aparezca doblando brazos a las personas que toman decisiones bajo su propia responsabilidad.

”Ya está en marcha el proceso para sustituirlos, que será cuestión de semanas y, una vez conformada la Junta, se dará un mes para el proceso de transición y que los actuales miembros hagan su rendición de cuentas”, replicó el ministro.

Con la vieja ley, creadora del Depósito Libre Comercial de Golfito y de la Judesur, este órgano tenía nueve directores. Con la nueva normativa, tendrá dos más, o sea 11.

El presidente de la Junta Interventora de Judesur insistió en que la demanda tiene sustento legal y técnico, no solo porque la ley les permite ir al contencioso, sino también porque la consideran lesiva para Judesur.