Proyecto impediría al TSE rechazar pagos mediante revisión de facturas

Por: Natasha Cambronero 2 junio, 2015
Para las elecciones nacionales del año pasado, el Estado dispuso de más de ¢18.000 millones para pagar, con la deuda política, los gastos que los partidos políticos lograran demostrar. | MARIO ROJAS/ARCHIVO
Para las elecciones nacionales del año pasado, el Estado dispuso de más de ¢18.000 millones para pagar, con la deuda política, los gastos que los partidos políticos lograran demostrar. | MARIO ROJAS/ARCHIVO

Diputados de cinco fracciones pretenden flexibilizar los filtros que los partidos políticos deben cumplir ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que se les pague la deuda política a la cual tienen derecho una vez pasadas las elecciones.

En aras de reducir los plazos que tarda el TSE en desembolsar los recursos, legisladores de Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana, Movimiento Libertario, Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) barajan reformas al Código Electoral.

Por ejemplo, analizan propuestas para que el TSE fiscalice los gastos una vez que los partidos hayan recibido el reembolso de sus gastos de campaña y de operación, en lugar de antes.

Si bien todavía no existe un proyecto de ley de consenso, los diputados coinciden en el argumento de que en el Tribunal existe un “exceso de formalismos” y “trabas burocráticas”.

Así lo dicen, en momentos en que el Libertario, el PLN y Acción Ciudadana (PAC) enfrentan acusaciones penales por supuestas anomalías en el cobro de la deuda política del 2010. Con base en investigaciones del TSE, la Fiscalía acusó a dirigentes de esos partidos de delitos como estafa, uso de documento falso y donaciones ilegales.

En el despacho de Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, ya se redactó una iniciativa de ley para que el TSE no evalúe las liquidaciones de gastos, sino que solo las supervise.

El plan le impediría al Tribunal rechazar facturas anómalas antes de girar el dinero. Esa fiscalización solo la podría ejercer una vez que haya depositado los recursos a los que tuvo derecho cada agrupación política.

Al partido le bastaría con la certificación de un contador público para recibir su porcentaje de deuda política, que en en el 2014 sumó más de ¢18.000 millones. “Ya pasó más de un año después de las elecciones y esta es la hora en que todavía estamos pagándoles a algunos proveedores. Nadie se va a querer meter en una campaña”, alegó Alvarado.

Su asesor y tesorero de Restauración, César Zúñiga, agregó que la pretensión es “desahogar” al TSE para que no revise factura por factura: “No hay problema que nos levanten los chingos; eso más bien es una obligación. El problema es que en la liquidación de gastos existe una esquizofrenia burocrático-procedimental”.

“El reglamento de financiamiento de partidos políticos es completamente restrictivo e inconstitucional, y no tiene debido proceso. Tiene un montón de defectos que esta norma pretende ponerle una camisa de fuerza”, declaró Zúñiga.

Esa iniciativa también promueve que los proveedores de servicios especiales y los que arrienden inmuebles no tengan que brindar facturas autorizadas por la Dirección de Tributación. Además, permitiría que las sociedades anónimas adquieran bonos de deuda política, lo cual actualmente está prohibido.

Esta no es la primera vez que en la Asamblea Legislativa se presentan iniciativas para restarle competencias al Tribunal. En el 2012 se impulsó otra que pretendía eliminar el control sobre el dinero que manejan los partidos políticos.Ese texto era promovido por la entonces diputada del Movimiento Libertario Damaris Quintana y llegó al Congreso acompañada por las firmas de legisladores del PUSC, Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Renovación Costarricense y Restauración Nacional.

Reformas necesarias. Gerardo Vargas, del PUSC, considera que el Tribunal podría pagarles directamente a algunos proveedores, especialmente a los grandes, o bien, que se podría reformar la Constitución Política para que cada voto adquiera un valor económico según el monto total de la deuda política, lo cual significaría que los partidos recibirían dinero aunque no lo gasten.

“El pueblo es el que dio mediante el voto ese derecho (a la contribución) y como dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. El sistema actual es de comprobación de gastos. Entonces, el que más gasta más gana, independientemente de si es eficiente o no, el sistema podría ser cuestionable, no precia la eficiencia, sino a quien gasta más”, dijo Vargas.

Añadió: “Cada vez menos gente quiere permanecer en los partidos políticos por temor, porque no necesariamente con objetividad, cualquier burócrata puede llegar a hacer un cuestionamiento injusto que tendrá que soportar la persona durante años hasta que logre, en los Tribunales, demostrar lo contrario.

Se han dado casos como el de Óscar López (legislador del PASE), que lo denunciaron y recientemente el Poder Judicial le dio la razón. ”Me parece que ya el hecho de participar en política es abandonar las actividades personales, abandonar la familia, implica sacrificio, hay gente que no lo entiende, y que el sistema facilite que se ponga en entredicho el nombre de las personas funciona como un incentivo perverso para no estar en política”.

El liberacionista Antonio Álvarez también se inclina porque el TSE pague a proveedores siempre que se reduzca la deuda política: “El sistema actual es inoperante, no sirve. Lo que necesitamos es celeridad, todo lo que dura el Tribunal significa pérdidas inmensas, los atrasos le costaron al PLN cerca de ¢120 millones.”

Otto Guevara, del Libertario, aboga porque los partidos puedan endeudarse con proveedores, como televisoras, y no solo con bancos. Hoy, la ley actual solo reconoce gastos hechos, no adeudados.

Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, cuestiona lo entrabado del sistema de fiscalización actual: “Lo que está originando es una situación económica complicada en los partidos políticos, que lejos de abonar en el fortalecimiento de la democracia, lo debilita”.

Colaboró Esteban Mata