Por: Aarón Sequeira 1 noviembre, 2016
Los diputados de la alianza opositora de Hacendarios se unieron, junto con dos miembros del PAC, para aprobar la reducción de ¢25.000 millones del presupuesto del PANI para el 2017 y darle ese dinero al Ministerio de Seguridad Pública.
Los diputados de la alianza opositora de Hacendarios se unieron, junto con dos miembros del PAC, para aprobar la reducción de ¢25.000 millones del presupuesto del PANI para el 2017 y darle ese dinero al Ministerio de Seguridad Pública.

A pesar de los recientes desencuentros de los diputados con la Sala Constitucional, un grupo de legisladores recurrió a ese alto tribunal para que les responda una pregunta y un recurso de amparo relacionado con los recortes presupuestarios al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para el 2017.

Primero, 22 congresistas de seis partidos políticos diferentes y una independiente enviaron una consulta de constitucionalidad, precisamente para que los magistrados de la Sala IV revisen si los recortes al PANI por ¢48.000 millones tienen amparo en la Constitución Política.

La consulta fue admitida para estudio el 27 de octubre y notificada a los parlamentarios el 28.

El polémico recorte al patronato de la niñez fue la respuesta de la alianza opositora a la presión que el Gobierno ejerce sobre el congreso para que apruebe el impuesto a las personas jurídicas, tributo que se emplearía para financiar las policías.

¿Por qué esa respuesta? Porque los legisladores decidieron, antes de aprobar el impuesto a las sociedades, tomar dinero del PANI para redistribuirlo en varias entidades encargadas de la seguridad pública.

Aunque estuvo a punto de fracasar, finalmente seis diputados aprobaron un informe del presupuesto nacional del 2017 que toma ¢40.000 millones del PANI y los redistribuye así:

-¢25.000 millones para el Ministerio de Seguridad Pública

-¢5.000 millones para el Organismo de Investigación Judicial

-¢5.000 millones para el Ministerio Público

-¢5.000 millones para el Centro de Atención Institucional de Pérez Zeledón, adscrito al Ministerio de Justicia.

Los restantes ¢8.000 millones reducidos del presupuesto del patronato serían simplemente rebajados de la emisión de deuda necesaria para financiar los gastos del próximo año.

En esa consulta, los 23 legisladores le solicitan a la Sala Constitucional revisar ese recorte por supuestamente lesionar los artículos 11, 50, 51, 140, 176, 177 y 180 de la Carta Magna, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño.

"Por la imposibilidad del legislador presupuestario de modificar la asignación de destino específico para programas sociales, específicamente los destinados a la niñez y la familia a través del Patronato Nacional de la Infancia", dice la consulta constitucional.

Además, el reclamo de los parlamentarios en contra del dictamen del Presupuesto Nacional aprobado por seis legisladores (tres de Liberación Nacional, dos de Unidad Social Cristiana y el de Alianza Demócrata Cristiana) es que reduce en un 54,94% el plan de gastos del próximo año.

De hecho, el incremento en el presupuesto del patronato se debe a sentencias que obligaron al Estado, para el próximo año, a no eludir las transferencias provenientes del impuesto sobre los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, así como el de un porcentaje del impuesto sobre la renta.

Además de la consulta, la mañana de este martes, el socialcristiano Humberto Vargas presentó un recurso de amparo en la misma línea, para reclamar la amplia reducción de los dineros para el patronato de la niñez.

Mientras que Vargas presentó este recurso, los también socialcristianos Rafael Ortiz y Jorge Rodríguez apoyaron con su firma la consulta, pese a que los recortes recibieron un fuerte impulso de los también rojiazules Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Hacendarios, y Wiilliam Alvarado.

"Es claro que se requiere plata para la seguridad, pero no a costa de la niñez. La actuación de las y los diputados es totalmente fuera de ley y no existe ningún fundamento legal que permita a los diputados desobedecer sentencias judiciales", comentó Humberto Vargas.

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