San José
Fue poco y rápido lo que el fiscal general, Jorge Chavarría, pudo hablar durante su esperada comparecencia ante la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, el jueves en la noche, porque los diputados acapararon el uso de la palabra y le dejaron poco espacio para dar sus explicaciones.
De dos horas con cuatro minutos que duró la sesión del panel que investiga el presunto tráfico de influencias en la importación de cemento chino, los seis parlamentarios que participaron del interrogatorio hablaron un total de una hora con 12 minutos (58%), mientras que el compareciente, 52 minutos (42%).
En la audiencia de Chavarría participaron los diputados Nidia Jiménez y Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC); Ronny Monge y Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN); Patricia Mora, del Frente Amplio, y Rafael Ortiz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
De ellos, quien menos dejó hablar a Chavarría durante el intercambio de preguntas y respuestas fue Mora.
Ella habló un 79,2% del tiempo al que tuvo derecho para interrogar al fiscal, mientras que este apenas pudo utilizar un 20,7% de ese tiempo (20 minutos en total) para responder las preguntas, en su mayoría atropelladas o con extensos juicios y conclusiones sobre las actuaciones del jefe del Ministerio Público.
Por el contrario, el diputado Ronny Monge fue quien más tiempo le cedió a Chavarría para que pudiera explicar asuntos como, porqué el Ministerio Público le ocultó a la Sala III parte del informe que preparó el OIJ que probaba que sí hubo múltiples contactos telefónicos entre el importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, y los diputados Otto Guevara (Libertario) y Víctor Morales Zapata (independiente).
Monge utilizó un 37% de su tiempo para preguntar mientras que el funcionario el 63% del tiempo del diputado para rendir explicaciones.
Como consecuencia del presunto ocultamiento de la prueba de los contactos telefónicos, la Sala de Casación Penal aceptó la solicitud de desestimación de una denuncia por presunto tráfico de influencias contra Morales y Guevara.
Por ese hecho, la Corte Plena ordenó la suspensión por tres meses de Chavarría, mientras la Inspección Judicial investiga las circunstancias en que se dieron los hechos, entre el 2015 y el 2017.
LEA: Fiscalía investigada por inducir a error a Sala III en caso del cemento chino
En contraste con Ronny Monge, el diputado Ottón Solís fue el segundo que menos tiempo cedió al fiscal, después de Patricia Mora, para atender sus dudas.
Solís, una de las voces cantantes en la comisión investigadora, solo le permitió a Chavarría usar un 25,2% de su tiempo, mientras que él mismo consumió un 74,7% de sus minutos.
Rafael Ortiz no anduvo lejos de su homólogo del PAC: usó un 71,3% de su tiempo y dejó solo un 28,6% para Chavarría.
Sandra Piszk fue más equitativa. Habló un 54,1% de su tiempo y le cedió al fiscal un 45,8% del mismo.
Nidia Jiménez, en tanto, habló un 41,4% y permitió a Chavarría dar una extensa explicación sobre Derecho Penal en el restante 58,5% de sus minutos.
Callar al invitado se hizo costumbre
Los interrogatorios de Solís, Patricia Mora, Rafael Ortiz y Sandra Piszk a Jorge Chavarría estuvieron llenos de conclusiones a priori sobre las razones por las que la Fiscalía no entregó a los magistrados de la Sala III todas las pruebas que juntó el OIJ contra Bolaños, los diputados Morales Zapata y Guevara, y contra el exdiputado Céspedes.
Mora, por ejemplo, dirigió sus baterías contra las razones por las que Chavarría le ordenó a la actual fiscal general interina, Eugenia Navas Aparicio, que no se involucrara en el caso del cemento chino mientras era la encargada de la Fiscalía de Fraudes.
Y fue poco el margen que le dejó a Chavarría para explicar las razones de esa decisión; de hecho, el funcionario apenas sí tuvo tiempo de advertirle a la diputada que estaba en un error.
LEA: Renuncia fiscala que pidió desestimar causa contra dos diputados por caso del cemento
Por su parte, Ottón Solís se enfocó en acusar al fiscal general de intentar minimizar durante la comparecencia la importancia que tenía la prueba de los contactos telefónicos entre el cuestionado cementero y los diputados que le son afines.
Piszk, en tanto, consumió muchos minutos en criticar al fiscal general por decirle a la comisión que el Código Procesal Penal es omiso en cuanto a qué es corrupción.
La liberacionista le insistió en varias ocasiones a Chavarría que creía que bajo su interpretación rigurosa y cerrada de la normativa penal, nunca se va a encontrar un delito en el caso de la importación de cemento chino, escándalo que sacude la gestión del presidente Luis Guillermo Solís, de la de varios de sus subalternos, y que salpica de dudas al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y al sector bancario público.
Rafael Ortiz también le paró en seco el reloj a Chavarría cuanto este intentó echar mano de algunos segundos para explicar porqué dijo a los diputados que el país carece de herramientas eficientes para combatir la corrupción en el sector público. Por el contrario, el congresista alajuelense se extendió en el uso de la palabra para regañar a Chavarría y palmotearle la mesa, literalmente, porque él consideró que había faltado a sus deberes como jefe del Ministerio Público.
Pero no solo a Chavarría le tocó enfrentar una comparecencia casi sin tiempo para explicar o defenderse de los cuestionamientos.
Durante los tres meses que la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios destinó a comparecencias de figuras involucradas en el affaire del cemento, la costumbre fue que los legisladores dejaran a los interrogados poco margen para responder.
La comisión cerró, al menos por ahora, el proceso de audiencias con Mariano Figueres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). Los diputados tienen pendiente tomar la decisión de pedir al Plenario una ampliación del tiempo para así llamar a los magistrados de la Sala Tercera.
Después de que culminen las audiencias se enfocarán en entregarle al Plenario uno o varios informes de las bancadas sobre los resultados de la investigación.
Para concretar esta última etapa el foro legislativo tendrá tiempo hasta el 20 de noviembre entrante.